Buenos Aires (Especial para NA por Pepe Eliaschev) -- En la cima de su mandato, Néstor Kirchner se prepara para las grandes decisiones. No llegó hasta acá, ni acumuló el capital político que hoy lo blinda, para dedicarse antes de cumplir los 60 años al deleite de contemplar los glaciares de Calafate.
Piensa en gobernar hasta 2011.
Va y viene del sosiego momentáneo a la desmesura casi proverbial, pero los colosales triunfos que la realidad argentina le ha deparado no parecen asegurarle la distancia y el temple que suelen caracterizar el ánimo de estadistas.
Esta semana el Presidente volvió por más cuando se reiteraron las acusaciones de que la reforma del Consejo de la Magistratura no le salió gratis al Gobierno. Es que la Casa Rosada tuvo, dentro de los 149 votos con que Diputados le entregó el control de los jueces, nada menos que 26 voluntades ajenas y muy sugestivas. Con los 19 prófugos del duhaldismo, los dos pintorescos votos del Partido Renovador salteño y los cinco de quienes le dieron la espalda al radicalismo, consiguió una mayoría aplastante. Sin esos votos, el Gobierno se imponía con elocuentes 123, cinco más de los necesarios.
Prefirió apresurar una decisión abrumadora desde un criterio de tierra arrasada. Los peronistas bonaerenses que hasta octubre recibían la hostia de la mano de Eduardo Duhalde y ahora hacen la cola en la larga hilera del kirchnerismo, parecen anestesiados, como si una espesa y eterna noche hubiera descendido sobre ellos.
Partieron rumbo al oficialismo instando a los que se quedaron a que el último de ellos apague la luz. Díaz Bancalari, bronco combativo en los años Setenta, se queja de que lo critiquen y asegura que nada tiene de malo que los "mafiosos" de los que hablaba Cristina Kirchner en 2005 sean los obedientes oficialistas de hoy.
El Gobierno tiene, en cambio, vituperios para quienes, ejerciendo el constitucional derecho a oponerse, caen fulminados por la ira presidencial. Abogado matriculado, el Dr. Kirchner mentó la semana pasado las acusaciones de soborno a senadores durante el gobierno de la fórmula De la Rúa/Chacho Álvarez, como si fuesen cosa juzgada.
Cuando habla de aquel gobierno de la Alianza, el Presidente no menciona sino a De la Rúa y a los radicales, pero jamás a muchos de sus colaboradores principales, como el citado Álvarez (exiliado ahora en Montevideo), y varios de sus seguidores que hoy siguen siendo funcionarios del Estado. Calificó a esas acusaciones, hoy en una causa sin definición ni sentencias, y menos aun de condenas, como parte del "desastre que hicieron".Para Roberto Iglesias, el presidente de la UCR, lo de Kirchner son "cortinas de humo". Cree el mendocino que el Presidente agravia y evita responder cuestionamientos, prefiriendo ventilar
cuestiones que están en la justicia, pero de manera particularmente sesgada.
Acusaciones gruesas y nada increíbles de soborno a senadores hubo durante el gobierno de la Alianza, desde luego. Pero cuando el Congreso sancionó la privatización de YPF impulsada por el peronismo con la conducción de Carlos Menem, la ley no solo tuvo el apoyo fervoroso del entonces gobernador Kirchner, sino que el diputado informante del proyecto fue Oscar Parrilli. Parrilli es desde mayo de 2003 el secretario general de la Presidencia con Kirchner. Esa ley fue sacada por Menem en medio de acusaciones de coimas cobradas por diputados justicialistas.
El caso de las acusaciones formuladas en 2000 durante la presidencia de De la Rúa fue, como se ve, en todo caso una situación más, pero el Presidente lo utiliza como si hasta ese momento, la actuación del peronismo en el Congreso desde 1983 hasta 2003 hubiese rivalizado con la conducta de los socialdemócratas de Noruega, para mencionar un ejemplo a 180 grados de distancia.
Las imputaciones que se hicieron a la metodología utilizada para aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura revelan ahora, con fuerza redoblada, que el caso de la incorporación del diputado Eduardo Lorenzo Borocotó al oficialismo, fue apenas un exitoso zafarrancho inicial. Andrés Zottos y Carlos Sosa, los diputados salteños que votaron a pedir de Kirchner, provocaron una imperdible elucubración del diputado Carlos Kunkel, subsecretario de Parrilli hasta diciembre y ahora delegado de Kirchner en el Consejo de la Magistratura. El 26 de febrero Kunkel dijo que "cuando un intendente o un gobernador recomienda que su diputado amigo vote porque a cambio va a tener obras yo diría: la función del intendente o del gobernador es solucionar los problemas de la comunidad (...) la política es el arte de gobernar...".Ese arte de gobernar se plasma en el procedimiento Borocotó.
Borocotó votará ahora todo lo que le pida Kirchner, mientras que Rafael Bielsa y Miguel Bonasso no lo hicieron, ni lo harán. Son otra cosa, aunque para el conteo de porotos que hace la Casa Rosada, votos son votos.
Pero lo interesante del zamarreo presidencial a Iglesias, un eslabón más de la cadena en la que oportunamente fueron castigados Carrió, Macri y López Murphy, es la firme decisión de Kirchner de no mantener relaciones de ninguna naturaleza con la oposición. Su relación con las fuerzas políticas que lo critican no es mala: es inexistente.
Los cinco diputados de proveniencia radical que el Gobierno se engulló para esa ley provienen de provincias gobernadas por la UCR. El dispositivo es transparente: con un Estado nacional que hoy maneja el 70 por ciento de los recursos públicos, los intendentes deben "morir" al pie del Presidente, que distribuye, reparte, entrega y compromete, siempre con su habitual y alucinante rapidez de marcha, fiel a la estrategia de decisiones que jamás forman parte de políticas, golpes de asombro carentes de la previsibilidad de los planes.
En su mensaje del 1º de marzo ante el Congreso, el Presidente explicitó conceptos elogiables, como su voluntad y su vocación de debatir con la oposición. Pero a la mañana siguiente desenvainó sus armas habituales y retornó al lenguaje punitivo, como si la única posibilidad que tuviera de relacionarse con lo diferente fuese desde la dialéctica de un castigo exhibido como "polémica". Desde los cerebros mejor amoblados del oficialismo se viene explicitando una admisión por ahora murmurada con boca entrecerrada: se enfatiza el casi inexistente prurito de autocrítica que anima al Gobierno, patentizado específicamente en la situación con Uruguay por la construcción de las plantas de celulosa en Fray Bentos.
Aunque no lo ventile en público, todo sugiere que el Presidente acumula indignación con Tabaré Vázquez, como si líder uruguayo lo hubiese "traicionado". Kirchner parece considerar que su apoyo al Frente Amplio implicaba que Vázquez actuara como una suerte de subordinado. La construcción de las plantas de celulosa estaba en construcción antes de que asumiera Vázquez y desde el gobierno argentino lo que hubo fue, sencillamente, una imprevisión que para muchos es directamente estructural, o sea de toda la vida.
En la Casa Rosada no terminan de metabolizar que los cortes de ruta no solamente no tienen la simpatía de nadie fuera de la Argentina, sino que, además, nadie en el mundo acierta a entender que una medida tan prmitiva, arbitraria eilegal sea tolerada por un Gobierno.
Por eso, cuando Kirchner le pidió a Vázquez esta semana que suspenda la construcción de las plantas, la única respuesta alborozada provino de Gualeguaychú, donde la secretaria de la Asamblea Ciudadana, Marta Gorrestarazu, proclamó "escuchar al Presidente hablar así en el Congreso fue una alegría inmensa".
Al Presidente le importa sobremanera el tema de la popularidad de sus actos y de sus dichos. En su mensaje al Congreso, cuando trataba de presentar la ley de reforma del Consejo de la Magistratura del modo más positivo posible, fue, como siempre, deslumbrantemente claro al profundizar su visión de lo que llama "calidad institucional", concepto que -dijo- debe definirse en función de la capacidad que tengan los dirigentes para "representar la voluntad popular".
Para el Presidente es inimaginable concebir que la voluntad popular a veces deba ser confrontada y hasta contrapuesta por una superior ética de las responsabilidades. En esta clave, lo que no es "popular" no será apoyado por el Gobierno. Y aquello que pretenda cuestionarlo será sistemáticamente descalificado o no reconocido.
El Gobierno no merece ser condenado al infierno, como ha dicho en su defensa el francés Alain Touraine, en su habitual gira paternal por tierras salvajes que aguardan –sedientas- su palabra iluminadora. Pero tampoco debería auto-condenarse a la insufrible pretensión de tener siempre la razón, unida a la cual va la terrible idea de que quienes no comparten su gestión son, mal y pronto, traidores a la patria.
