La Cámara de Diputados bonaerense aprobó anoche las modificaciones al Código Procesal Penal que flexibilizan el régimen de excarcelaciones en la Provincia. La norma, que ya tenía media sanción del Senado, fue convertida en ley tras la aprobación por mayoría simple con el voto positivo del Frente para la Victoria y el Ari, mientras que votaron en contra los legisladores de los bloques PJ, UCR, Pro y Paufe.
La aprobación de la ley responde al fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional que, el año pasado, "exhortó" a los Poderes Ejecutivo y Legislativo bonaerenses a "adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación, y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales".
A la hora de fundamentar la iniciativa, desde el bloque oficialista el diputado bahiense Marcelo Feliu argumentó que las reformas no se orientan a ser "garantistas" sino a responder la intimación formulada por la Corte, "a adecuarnos a la legislación nacional", explicó.
"No sancionamos la excarcelación automática, sino que se intenta recobrar el principio constitucional de inocencia de cualquier ciudadano que establece el artículo 18 de la Constitución Nacional", acotó el legislador en una parte de su exposición.
En tanto, desde la bancada del ARI, el diputado Horacio Piemonte fundamentó el apoyo a la iniciativa de su bloque para mostrarse acorde al acompañamiento que sobre este tipo de proyectos generalmente tiene esa fuerza política, aunque resaltó ante la premura de la aprobación que, "si el Senado se tomó tres meses (para analizarlo), no entiendo por qué no podemos tomarnos al menos 15 días nosotros para estudiarlo".
El Frente para la Victoria pudo aprobar después de un extenso debate la ley por "mayoría simple", debido a que sólo 14 de los 23 miembros del bloque del PJ se encontraban en el recinto, por lo tanto, a la hora de votar fueron 46 diputados los que avalaron las reformas y 30 los que se opusieron.
La iniciativa sancionada modifica las leyes 12.405 -elaborada por la gestión de Ruckauf y aprobada por unanimidad de los bloques en el año 2000- y las 13.177 y 13.183, promovidas por Blumberg y aprobadas en la Legislatura el año pasado, con la disidencia del radicalismo.
En su artículo 148º, donde se detalla las circunstancias que deben atenderse para decidir acerca de los llamados peligros procesales (peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación), se propicia que tales extremos sean considerados en el caso concreto y no como reglas de aplicación automática.
En el artículo159º, a su vez, se establece que una vez analizadas las circunstancias favorables para otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva, el juez deberá imponerlas, modificando así -en beneficio de los detenidos- el actual modo potestativo.
También se incorpora un nuevo artículo que fija la Audiencia Preliminar para resolver cuestiones relativas a la prisión preventiva. De esta manera se introduce el mecanismo oral y público para garantizar el debido proceso y asegurar la inmediatez del Juez de Garantías con las partes.
En su artículo 169 se amplia de 6 a 8 años el máximo de pena del delito excarcelable, y se posibilita que aún superando la pena el criterio objetivo antedicho, pueda concedérsela si se evalúa la posibilidad de que correspondiera una condena de ejecución condicional.
