Buenos Aires (Especial para NA) -- Los costos políticos y financieros no han sido pocos, pero el gobierno bonaerense logró sortear el serpenteante camino de cornisa que lo obligó a transitar la difícil negociación salarial con los docentes.
Fue como una bocanada de aire fresco para Felipe Solá, que sintió, casi como nunca antes, no sólo la presión sindical por conseguir el aumento sino también la mirada escrutadora del gobierno nacional que virtualmente le exigía evitar el conflicto.
Pocas horas antes de que el Gobierno decidiera mejorar la oferta salarial, la tensión había llegado a un punto extremo. Los gremios estaban decididos a no empezar las clases y calificaban la propuesta del Gobierno directamente como "una burla".
En la Gobernación estaban listos para la confrontación y abundaron las declaraciones públicas que definían como "incomprensible" la actitud de los sindicalistas.
Los funcionarios bonaerenses que intervinieron en las negociaciones en procura de garantizar el normal inicio de las clases respiraron con alivio tras la firma del acuerdo con los maestros. Sólo quienes trajinaron ese terreno embarrado en las últimas semanas pueden dar cuenta de las dificultades adicionales que afrontaron para despejar la tormenta que amenazaba con abatirse sobre la Provincia.
Hubieron en ese ir y venir, intervenciones y decisiones que volvieron a enfrentar a Solá con la Casa Rosada. El intento del Gobernador por bajar el piso garantizado a los maestros que planteaba la Nación le generó más de un disgusto.
Se sabe que el ministro de Educación, Daniel Filmus, meneó a uno de los ministros provinciales al punto de acusarlo e "operar" en contra de la decisión del Presidente.
Ese malestar se reflejó incluso en la reunión que el mandatario provincial armó con legisladores nacionales de la Provincia para explicarles las dificultades financieras de su administración: "Venimos a ver cómo se soluciona este tema", le dijeron conspicuos kirchneristas como para cerrar cualquier intento de que se les encomendara una mediación.
El gobierno provincial sitió con inusitada fuerza en esta ocasión las desventajas comparativas de Buenos Aires con respecto a otros distritos a la hora de definir esta mejora salarial.
Por la ley federal de Financiamiento Educativo, la administración central fue en auxilio de 11 provincias para que pudieran garantizar el ingreso mínimo de 840 pesos, entre las que no está incluida Buenos Aires.
Pero hay otro dato central: todos estos estados transfirieron a la Nación sus cajas previsionales, de manera que el aumento que otorgaron no lo debieron trasladar a sus jubilados que cobran por el Anses. No es el caso de Buenos Aires que debió extender la mejora salarial a los pasivos del Instituto de Previsión Social.
EL OTRO FRENTE ABIERTO
El gobierno provincial sigue, entretanto, bregando por llegar a un acuerdo con la Nación por la refinanciación de deudas.
Pretende patear para adelante vencimientos por 2.500 millones de pesos pero la negociación todavía no sale de punto muerto.
En esa idas y venidas, quienes están al tanto de los contactos con Economía de la Nación aseguran que el acuerdo se extenderá sólo a unos 2.000 millones de pesos. "Año a año el gobierno central trata de ir bajando la refinanciación y la última vez fue del 80%", indican como para justificar esas expectativas.
En las últimas horas habrían surgido algunos datos alentadores para la Provincia, en el sentido de que estaría cerca de arribarse a un cierre. "Puede ser en dos semanas", aventuran cerca del ministro de Economía, Gerardo Otero.
Es probable que esa expectativa haya decidido a Solá a abstenerse de efectuar cualquier comentario sobre el tema. Dicen que siguió algunos consejos de sus colaboradores para no tensar la cuerda con la Nación, de ahí que en la Asamblea Legislativa ni siquiera rozara el espinoso tema de la discriminación que sufre la Provincia en materia de coparticipación federal.
Tampoco habría resultado casual que omitiera como objetivo de su gestión, en el mensaje a los legisladores, la tan meneada reforma política. La intención del Gobernador de ir por aquellos intendentes "vitalicios" y por los legisladores con varios períodos bajo el brazo limitando sus reelecciones, habría quedado por ahora en el freezer.
Hay quienes comentan cerca del Palacio de calle 6 que no sería del agrado del presidente Néstor Kirchner abrir frentes de conflicto con jefes comunales que ahora adhieren sin condiciones al proyecto de la Rosada.
Ya Solá tuvo que morder el polvo cuando intentó la embestida por la conducción del PJ y con este conflictivo tema no habría querido recorrer el mismo camino.
Esos vaivenes en la relación Solá-Kirchner dan paso a todo tipo de especulaciones, y en algunos casos los propios protagonistas contribuyen a acentuar las intrigas.
Por caso, el faltazo del Gobernador a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional no pasó desapercibido.
Incluso desde el propio sector del mandatario algunos lo definieron como una "desprolijidad", concientes de los ánimos susceptibles que habitan algunos despachos de la Casa Rosada.
Cerca de Solá hay otra versión del tema. "No fue porque tenía que terminar su propio discurso. Incluso debió reunir a su gabinete y hasta habló con Kirchner para disculparse" dicen quienes le quitan trascendencia al episodio.
Desde la Rosada, en tanto, no paran de surgir señales que inquietan al Gobernador. Cuando el miércoles concurrió a la Legislatura a abrir las sesiones ordinarias, sufrió el desaire de un grupo de ex duhaldistas duros -Juan Garivoto, Isidoro Laso, Osvaldo Mércuri y Julián Domínguez-, que optaron por dejar sus bancas vacías. Un día después, Kirchner recibió a Domínguez en Casa de Gobierno y no sólo fue generoso en los elogios personales, sino que además premió a su distrito -Chacabuco- con ayuda financiera.
No se trata de un gesto menor. Ese cierre político significa más que la continuidad del acercamiento de los ex duhaldistas al Presidente: Domínguez preside nada menos que el bloque de diputados del PJ en la Legislatura y lidera unas 30 voluntades que cada vez que pueden tratan de dejar mal parado a Solá.
UN TEMA SENSIBLE
Más allá de las cuitas partidarias, la gestión provincial se apresta a encarar un tema conflictivo y sensible: el de los residuos domiciliarios. Los rellenos actuales ubicados en el Gran Buenos Aires están saturados y, para colmo, la justicia contencioso-administrativa de La Plata le ordenó a la Ceamse que, en cuatro meses, cese el envío de basura desde el Conurbano al predio que la empresa posee en Ensenada.
En medio de esa encerrona, la Provincia se dispone a elegir distritos del interior que albergarán la basura que llegará del Conurbano. "Es preferible pagar todos los costos políticos ahora y no transferir el problema a generaciones futuras", anticipó Solá. Ya el año pasado hubo varios intentos para que algunas comunas aceptaran la basura, pero terminaron naufragando ante las manifestaciones vecinales que rechazaron la importación de residuos de otros distritos.
El costo político del que habló el mandatario se refiere a la resistencia que genera en los pueblos esta posibilidad. Hay que ver que intendente se anima a compartir ese costo con el Gobernador.
