Buenos Aires, (NA)- La Corte Internacional de La Haya se expedirá en un plazo «no mayor a ocho semanas» sobre la procedencia de la medida cautelar que reclamó la Argentina para paralizar la construcción de las papeleras hasta tanto el tribunal se pronuncie en forma definitiva en el diferendo con Uruguay.
Así lo indicaron ayer fuentes de la Cancillería a la agencia Noticias Argentinas, tras la segunda jornada de audiencias desarrolladas en la ciudad holandesa de La Haya, donde las delegaciones de ambos países expusieron sus argumentos respecto de las conflictivas plantas de producción de pasta de celulosa.
Las fuentes consultadas por NA tampoco descartaron la posibilidad de que la Corte Internacional pueda convocar a la Argentina y Uruguay a una «nueva instancia de negociación», porque los magistrados pueden explorar otros caminos antes de pedir la paralización de las obras.
También existe la posibilidad de que la Corte no haga lugar a la medida cautelar que pidió la Argentina, en cuyo caso las empresas Botnia y ENCE quedarán habilitadas para proseguir con las obras hasta que salga el fallo definitivo, algo que sucederá recién dentro de tres a cinco años.
Ante los integrantes de la Corte Internacional, la delegación argentina rebatió ayer durante dos horas los argumentos presentados por Uruguay y ratificó que Montevideo «no ha realizado un estudio de impacto ambiental adecuado ni consultado» a Buenos Aires sobre el tema.
La directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, que encabezó la delegación, pidió a los jueces que acepten la medida cautelar al considerar que «ya se ha demostrado que Uruguay no respetó la obligación de mantener consultas bilaterales establecidas en el tratado de 1975».
Sin embargo, la delegación uruguaya insistió en su postura e insistió en que el Estatuto del Río Uruguay «no da derecho de veto» a la Argentina sobre la construcción de las obras. «La Argentina ha intentado convencer al tribunal de que era necesario su consentimiento previo para que Uruguay realizara una obra en su territorio, que podría tener un efecto en la calidad del agua del río», dijo el jurista italiano Luigi Condorelli, integrante de la delegación uruguaya.
En el Palacio de la Paz, Ruiz Cerutti destacó a su vez que «la reticente actitud de Uruguay para brindar información sobre las plantas cada vez que así se solicitó» y subrayó: «tampoco informaron sobre el grado de contaminación que tendría ese caudal de agua».
Ante la Corte en pleno, Ruiz Cerutti volvió a plantear el concepto de «daño irreparable», ya que el perjuicio que traerá el funcionamiento de las papelera «recae sobre el medio ambiente y su población».
«Si en alguna responsabilidad ha incurrido Argentina es en la de haber confiando con los ojos cerrados en los compromisos de un país con el que le unen lazos históricos y de amistad», enfatizó la jefa de la delegación argentina, según informó en Buenos Aires la Cancillería.
