A partir de esta semana, el Gobierno nacional y sus pares bonaerense y porteño lanzarán una serie de rigurosos controles focalizados en dos actividades en las que impera el trabajo no registrado: la industria textil y los comercios que poseen servicio de delivery.
En el caso de la Provincia, la mayor preocupación está dada por una masiva mudanza de empresas textiles -muchas veces operadas por coreanos o bolivianos- desde la Capital Federal hacia el territorio bonaerense, que huyen de las intensas inspecciones que inició el Gobierno porteño luego de que el 30 de marzo pasado un incendio en un taller textil de Caballito dejó un saldo de seis inmigrantes bolivianos fallecidos.
El fenómeno de la migración de estos talleres fue confirmado a la prensa por el ministro de Trabajo provincial, Roberto Mouillerón, que precisó en ese sentido que "muchos talleres se mudaron, especialmente al Conurbano, por lo que acordamos con Nación y la Capital Federal realizar operativos conjuntos en breve".
Otra problemática que excede los límites territoriales es la de los deliveries, que, en muchos casos, explotan a jóvenes que terminan trabajando en condiciones informales. "Son muchos los casos de motociclistas que operan a ambos lados de la General Paz. Por ello focalizaremos los controles tanto en la Provincia como en la Ciudad de BuenosAires", insistió Mouillerón.
Los operativos conjuntos entre las áreas laborales de los tres distritos fueron definidos durante un encuentro que mantuvieron, días atrás, Mouillerón, la viceministra de Trabajo de la Nación, Noemí Rial, y el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez.
Allí se acordó relanzar esta misma semana el Plan Nacional de Regularización del Trabajo, con el fin de detectar empleo no registrado. Al respecto, Rial indicó: "Debe haber un cambio cultural. Los empresarios tienen que acostumbrarse a inscribirse. El problema es que, durante muchos años, no se inspeccionó, y los informales no sufrían las consecuencias".
Rial advirtió además que el empleo en negro "es una perversidad para el trabajador y un riesgo increíble para el empleador. Tienen que convencerse de que es mucho más barato tener un empleado registrado, porque al empresario que no está en regla un juicio le puede costar el negocio".
El plan antes citado fue puesto en marcha en septiembre de 2003. Desde entonces, en sucesivas etapas, se inspeccionó a 150 mil empresas en todo el país, que dan trabajo a más de 450 mil personas.
