Buenos Aires (especial para NA por Mariano Spezzapria) -- Un día antes de que El Vaticano diera a conocer la aceptación oficial de la renuncia del obispo de Puerto Iguazú, Joaquín Piña, sonó el teléfono en la Iglesia del Corazón Eucarístico de Jesús de Córdoba y atendió el párroco Marcelo Martorell: del otro lado de la línea estaba Jorge Bergoglio.
El arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina lo llamó para comunicarle que había sido designado como reemplazante de Piña en Misiones y lo felicitó por el nombramiento. Lo que siguió fue una conversación que sólo ellos conocen en todos sus términos.
Pocas horas después, en la mañana del último martes, el flamante obispo Martorell dijo a todos los medios de comunicación que lo llamaron a Córdoba que estaba de "acuerdo" con la candidatura de Piña a convencional constituyente en Misiones, porque en esa provincia existe una "dictadura".
La conclusión estaba más que clara: el reemplazante del obispo que tanto había criticado al presidente Néstor Kirchner y al gobernador Carlos Rovira iba a seguir la misma línea que su antecesor, de oposición a la "reelección indefinida", aunque tal vez no tan expuesto como monseñor Piña.
Sin embargo, no todos los obispos católicos piensan igual, ni adoptan la misma línea de Piña, pese a que fue bendecida por Bergoglio: por caso, el obispo de Jujuy, monseñor Marcelo Palentini, aún no se ha pronunciado sobre el intento de reforma de la Constitución de esa provincia norteña.
Por eso Bergoglio debió escuchar un rosario de críticas de la oposición jujeña (en buena medida radical) hacia la figura del obispo Palentini, quien al decir del senador nacional Gerardo Morales "un día rechaza la reforma, luego la aprueba y después aparece un contrato para la reparación de una Iglesia".
Lo cierto es que el gobernador kirchnerista de Jujuy, Eduardo Fellner, avanza hacia una reforma constitucional similar a la de Misiones, pero aún le resta conseguir un voto en la Legislatura para declarar la necesidad de esa reforma. El oficialismo jujeño es optimista, porque días atrás le faltaban dos votos.
La oposición, en contrapartida, es pesimista. El razonamiento es sencillo: si ya pudieron "convencer" a un legislador para sumar su voto al proyecto de la reforma, es posible que el oficialismo pueda cooptar otra voluntad similar en los próximos días.
Pero el caso de Jujuy aún no tiene la dimensión del de Misiones, que se ha nacionalizado. Y se nacionalizó pese a la intención de la Iglesia (vía Bergoglio y Piña) y del Gobierno (vía el propio Kirchner y sus ministros) de circunscribir sus consecuencias políticas al territorio misionero.
Desde la Casa Rosada insisten en enviar un mensaje único: Kirchner apoya a Rovira porque le debe gratitud política, ya que fue uno de los primeros gobernadores en brindarle su respaldo. Pero no piensa el "Caso Misiones" como un banco de pruebas para reformar la Constitución Nacional tras las elecciones de 2007.
Un mensaje contradictorio, a todas luces, con el "globo de ensayo" que largó el propio Presidente durante su reciente visita a Nuev York, donde comentó a varios periodistas que desde su punto de vista sería mejor para la gobernabilidad que el período presidencial de extendiera de 4 a 6 años.
La deducción es por demás lógica: esa extensión del mandato no se podría hacer de otra manera que a través de una reforma constitucional.
Desde la cúpula de la Iglesia también baja un mensaje contradictorio. El vocero del Arzobispado porteño, Guillermo Marcó, suele afirmar que la curia no quiere trasladar su posicionamiento en Misiones a nivel nacional, porque su rol en la sociedad no se compadece con la intervención política.
Pero tampoco Bergoglio puede desconocer -porque se trata de un hombre de singular inteligencia, que en su juventud no desdeñó del ideario peronista y que tiene su origen en el movimiento jesuítico- que la actitud de Piña en Misiones genera proyecciones políticas a mediano y largo plazo.
Además, el reciente mensaje del cardenal primado al final de la peregrinación a Luján, cuando llamó a los argentinos a no generar la "discordia", fue interpretado en ámbitos políticos y sociales como una advertencia directa al poder sobre los fantasmas del pasado que resurgirían a raíz de las diatribas oficiales.
El caso más elocuente en este sentido es el de Jorge Julio López. El albañil que fue un testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz sigue desaparecido y su búsqueda genera incertidumbre, a la par que enrarece el clima político.
Por caso, bastó una llamada anónima que aseguraba que había aparecido un cadáver en las inmediaciones de Pinamar para que se activaran todas las alarmas en el poder, porque esa zona está emparentada con el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas en 1997.
Cundieron entonces los nervios y hubo media hora de fatalismo total hasta que la Policía bonaerense concluyó que la denuncia era falsa. Pero quedó flotando en el aire la sensación de que hay algo fuera de control.
La política, en estos términos, queda absolutamente desvirtuada, atrapada entre los fantasmas del pasado -agitados desde el poder y desde el antiguo poder dictatorial- y los nubarrones del futuro, con amenazas a la institucionalidad encerradas en el concepto de la "reelección indefinida".
