A través de un comunicado de prensa, la Asociación Judicial Bonaerense expresó su disconformidad con el proyecto de reforma penal impulsado por el Ejecutivo provincial en los últimos meses del último año.
La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, deberá ser tratada por la Cámara de Senadores bonaerense (en febrero o marzo), luego de que en la última sesión de 2006, los senadores "frenaran" la aprobación definitiva del proyecto.
"La reforma procesal penal que promueve el Gobierno provincial es cuestionada por múltiples razones; es inconsulta: con relación a los sujetos individuales y plurales que se verán afectados por ella; igual calificativo con relación a los centros de estudios universitarios que existen en el territorio provincial; por ello está bien que reciba el estigma de una norma hecha con meros fines electoralistas", resumió Hugo Blasco, secretario General de la AJB.
"Trata de sacarle el discurso a la derecha cerril, abanderada de la mano dura, y de opacar el desastre carcelario y judicial, adecuadamente analizado por un fallo del Más Alto Tribunal de Justicia de nuestra Nación. Se pretende con un mero maquillaje, y además errático, adecuar el sistema procesal penal olvidándose de la realidad socioeconómica-cultural de la sociedad a quien pretende servir", agregó.
Por otra parte, el dirigente dijo que "la democracia impone debate, intercambio de opiniones, consulta", algo que "estuvo ausente en el trámite de la reforma que se pretende implantar", acusó.
"La sorpresa de la imposición de un proyecto queda evidenciada por las múltiples voces que se han alzado contra la pretensión reformista, coincidamos o no con algunas de ellas, demuestran que por izquierda y por derecha la reforma promovida es inadecuada", continuó.
Además, en el mismo comunicado, Blasco expresó que "se la califica de improvisada, aunque la ´improvisación´ consiste en el intento apresurado de zafar del caos profundizado por la reforma procesal de 1998, acelerando la aplicación de planes muy minuciosamente pensados en los centros de poder mundiales. Se trata de una verdadera fuga hacia delante, en el rumbo propiciado por el Banco Mundial y por su sucesor, el C.E.J.A. (Centro de Estudios Judiciales de América, de la O.E.A.), para la unificación del sistema procesal penal en el "patio trasero", conforme a los deseos imperiales", sostuvo.
"Se trata de un recurso efectista, inaplicable a la inmensa mayoría de las denuncias, y que sólo sirve para disimular que en la Provincia no hay verdadera investigación penal, tal como lo reconocieron representantes de jueces, fiscales, defensores, abogados, trabajadores judiciales y funcionarios de gobierno, en un documento emitido a fines de 2004", justificó.
En tanto, aseguró que "los delitos flagrantes los cometen los delincuentes menos capaces, que son menos de un dígito de los denunciados, y sí representan una parte importante de los procesos con procesados; ello es, precisamente, porque más del 70% de las denuncias no son investigadas y terminan en la nada, motorizando la sensación de inseguridad e impunidad que padece la ciudadanía, y favoreciendo a los grandes delincuentes públicos y privados y a los sectores más reaccionarios, partidarios de la mano dura".
Sin embargo, concluyó Blasco, "la nueva reforma procesal (decimoquinta enmienda al sistema en ocho años) mantiene y refuerza el esquema investigativo impuesto en 1998, violatorio, en su ejecución, de múltiples principios constitucionales".
