Luego de la renuncia de Gerardo Otero, ayer el gobernador Solá anunció a Carlos Fernández como el flamante titular de la cartera económica de la Provincia. El nombre de este economista de origen bonaerense y de confianza del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Mosse, comenzó a aparecer como uno de los posibles aspirantes al cargo, desde que se conoció la decisión de Otero.
Fernández fue subsecretario de Política y Coordinación Fiscal del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre agosto de 1997 y mayo de 2003. También ocupó el cargo de Director Nacional de Coordinación Fiscal con las Provincias, Subsecretaría de Programación Regional Secretaría de Programación Económica del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación, desde octubre 1989 hasta agosto de 1997.
Además, fue el Coordinador de la "División Sistema de Información de la Administración Financiera Provincial" de la Unidad Ejecutora Central del Programa de Saneamiento y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas del Banco Mundial desde enero de 1990 hasta diciembre de 1996.
Fernández, asumirá hoy a las 18 como ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, durante un acto que se llevará a cabo en el Salón Dorado de la Gobernación provincial.
El panorama
Cuando desembarque en el despacho principal del Palacio de Hacienda, Fernández no encontrará un panorama muy alentador: este año el desequilibrio entre ingresos y egresos del Estado provincial será altísimo: el presupuesto prevé un déficit fiscal de 1.600 millones de pesos, pero el responsable de la cartera económica deberá conseguir otros 2.855 millones para cubrir vencimientos de capital de la deuda provincial, que en diciembre pasado alcanzaba los 33.327 mil millones de pesos.
De los 4.455 millones necesarios para atender todas estas demandas, una pequeña parte será solventada con bonos que serían colocados en el mercado internacional, pero el grueso debería ser cubierto con préstamos del gobierno de Néstor Kirchner, a través del Programa de Asistencia Financiera.
Además, el agujero fiscal podría agigantarse por el incremento concedido a los docentes, los aumentos que recibirán los otros empleados
de la administración pública y por las dificultades para conseguir nuevos ingresos.
El año pasado, la Provincia tuvo que modificar el revalúo de las propiedades rurales frente a las protestas del sector, y este año la creación de un impuesto a los Activos Financieros y la imposición de sobrealícuotas al Automotor y al Inmobiliario quedaron demorados por diferencias políticas con la Nación. Tampoco pudo aplicarse, salvo en casos excepcionales, el revalúo a las propiedades urbanas. Y ni hablar de cambios en la distribución de impuestos nacionales para beneficiar a la Provincia.
