Luego de que el gobernador Felipe Solá mencionara en la apertura del nuevo período legislativo la posibilidad de llevar a consulta popular la Reforma del Código Procesal Penal, el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia, Jorge Alberto Alvarez, señaló en diálogo con la prensa que "por muy democrática que sea la propuesta, no corresponde que sea la gente la que decida sobre un tema que es de índole técnica".
Con respecto al proyecto de reforma que impulsa el Ejecutivo, el letrado dijo que "sólo coincido con la idea de que es necesario llevar adelante una reforma".
En esta línea evaluó que "hay dos cuestiones fundamentales que deben ser resueltas: en primer, lugar el tema de la demora para la resolución de los casos. En este punto hay una deficiencia gravísima", afirmó.
"En segundo, lugar hace falta una política legislativa coherente de largo plazo para solucionar el tema de la delincuencia", puntualizó. "Aquí no se trata de dar penas. Para solucionar el problema del delito es necesario trabajar antes, durante y después. Es decir, que se deben atacar las causas y luego ver de qué manera se va a reeducar a quién delinquió".
En relación a las consecuencias que tendría la aplicación de la Reforma Penal, tal como fue planteada inicialmente, Álvarez dijo que "provocaría inseguridad jurídica". Según expresó "con la eliminación de los Tribunales de Casación, cada Departamento Judicial quedaría a cargo de la calificación de los delitos y de la pena".
En este sentido, explicó que al desplazarse esa instancia, que actualmente unifica las calificaciones, "cada departamento haría su propia interpretación de los casos con lo que se generaría un caos en la Suprema Corte bonaerense. Se recurriría al máximo Tribunal lo que agravaría aún más la demora que ya es gravísima".
Asimismo indicó que "si bien es necesario que Casación sea reformada" dijo que "no coincide con lo propuesto". "Una de las posibles soluciones sería aplicar un método de control de gestión judicial en el que participen todos los Colegios de Abogados para visualizar y diagnosticar cuáles son las necesidades que existen".
"De ahí en más sería el Estado el que debería intervenir en ese proceso para determinar de qué manera se aportan soluciones a esa situación", concluyó.
