Buenos Aires, (Especial de NA, por Mariano Spezzapria)- La política argentina parece estar dominada por estos días, con más claridad que nunca, por las necesidades políticas del Gobierno, que en muchos casos atentan contra la posibilidad de establecer políticas de Estado más amplias y, por tanto, más poderosas y menos espasmódicas.
Tres ejemplos sirven para dar cuenta de este fenómeno político: el enfrentamiento público del Gobierno con la Cámara de Casación Penal por las demoras en causas sobre derechos humanos; la anulación de un convenio con Gran Bretaña sobre hidrocarburos en las islas Malvinas y el prolongado conflicto por las papeleras.
Pero conviene ir por partes: la administración kirchnerista viene teniendo una fuerte política de derechos humanos desde mayo de 2003, cuando asumió el poder. Días después descabezó a la cúpula de las Fuerzas Armadas y dio una clara señal de lo que vendría. Ganó, por eso, la adhesión de buena parte de la sociedad.
Recuperó, por ende, la bandera de los derechos humanos para el peronismo, luego de que ésta fuera agitada muchos años por los partidos de izquierda. Pero con el paso del tiempo se fue encontrando con la realidad del sistema judicial, cuyos tiempos no son nunca tan rápido como los políticos.
Y llegaron los sinsabores: fue condenado el represor Miguel Etchecolatz en La Plata, aunque luego desapareció uno de los testigos clave en su contra, Jorge Julio López. Sobrevino, además, el secuestro del militante kirchnerista de Escobar Luis Gerez, en un hecho que todavía hoy no fue aclarado por la Justicia.
En ese contexto, el Presidente fue a Córdoba el último 24 de marzo y se convirtió en el principal orador de los actos por el 31 aniversario del último y más sangriento golpe de Estado de la historia argentina. Desde allí la emprendió duramente contra la Cámara de Casación Penal, por causas aparentemente demoradas.
Fue un ademán ampuloso el del Presidente, cuya política de derechos humanos está bien clara pero no aparece acompañada hasta el momento por los resultados judiciales esperados. No sólo hay muchos juicios pendientes, sino que además los pocos militares detenidos por estos hechos no están recluidos en cárceles comunes.
Desde esa impotencia se gestó el enfrentamiento directo entre el Gobierno y el presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi. La tensión llegó a tal punto que la Corte se vio casiimpelida a pedir públicamente "mesura y equilibrio" al oficialismo kirchnerista.
También la oposición en el Congreso acusó al Gobierno de "sobreactuar" su política de derechos humanos. Es decir, desde dos de los tres poderes del Estado -a excepción, claro está, del
Ejecutivo- se enviaron señales de disconformidad sobre una política del Gobierno que dista de ser una política de Estado.
Una situación similar se registra por estos días con el caso de las islas Malvinas. El próximo 2 de abril se cumplirán 25 años de aquel momento en que la última dictadura dio rienda suelta al delirio bélico. La fecha representa una herida abierta entre los argentinos, que el paso de los años no ha podido cerrar.
No sólo está el dolor de los ex combatientes que fueron olvidados por varios gobiernos y por buena parte de la sociedad, , sino también las idas y vueltas de las administraciones que fueron pasando por la Casa Rosada tras la guerra de 1982.
Basta recordar que la relación con Gran Bretaña pasó de la indiferencia y la frialdad durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, a la política de "seducción" del menemismo y al actual planteamiento mucho más firme de reclamo de la soberanía argentina sobre las islas. Visto desde afuera, un comportamiento esquizofrénico.
Por supuesto, ni rastros de una política de Estado. Algo que tampoco se vio -ni se está viendo- en el conflicto con Uruguay por la papelera Botnia, que se está instalando, apelando a la política de los hechos consumados, sobre el Río Uruguay, justo enfrente de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
El presidente Kirchner estuvo en esa ciudad y proclamó que la lucha de los asambleístas era una "causa nacional". Eso sucedió mucho después de que el conflicto estallara, pero nunca logró el jefe de Estado involucrar a la oposición en respaldo a su jugada.
Uruguay, es justo decirlo, se unificó detrás de Tabaré Vázquez.
Ahora, con las cartas echadas, sólo queda la rendija abierta que significará la ronda de diálogo prevista para la tercera semana de abril en Madrid, bajo el auspicio personal del rey Juan Carlos de España.
La controversia le dio un impulso a la cuestión del medio ambiente en la Argentina. Pero el Gobierno sigue sin mostrar avances claros en lo que es la mayor verguenza ecológica y sanitaria del país, como es el Riachuelo.
Las culpas, otra vez, son de los demás. Y las necesidades políticas coyunturales y espasmódicas se imponen sobre las políticas de Estado.
