La Legislatura aprobó una nueva emergencia para el Servicio Penitenciario Bonaerense, fijada entre enero pasado y junio próximo. La disposición contaba con el aval del Senado y anoche fue ratificada por Diputados.
La emergencia, que prorroga una disposición ya en vigencia, le permite a las autoridades del Ministerio de Justicia provincial realizar cambios estructurales, suprimir o reasignar funciones.
También se lo autoriza a reasignar destinos del personal, reglamentar las obligaciones de los agentes y empleados y poner en disponibilidad simple, jubilar o pasar a retiro al personal, así como a declarar la prescindibilidad de los empleados de las dependencias alcanzadas.
Según los argumentos esgrimidos por los legisladores oficialistas, la nueva emergencia es necesaria para "continuar los cambios propuestos por el Ejecutivo". Ninguno de los bloques opositores - ARI, UCR, Paufe y PRO- la apoyaron.
