La Plata (NA, especial por Marisa Alvarez) -- Dos episodios -ambos, aunque de índoles diferentes, con fuertes y sensibles trasfondos institucionales y políticos- volvieron a poner, en la última semana, marcas a fuego en la cada vez más compleja y tirante relación entre los gobiernos nacional y provincial. Pero uno de ellos -el "caso Szelagowski"- tuvo (y muy posiblemente siga teniendo) un duro impacto negativo para el oficialismo bonaerense.
El intento de desplazar al fiscal de Estado de la Provincia, Ricardo Szelagowski -por la única vía posible para removerlo, el juicio político-, acabó siendo otra jugada incomprensible de los legisladores oficialistas, al menos del grupo que dice manejar la bancada propia y las relaciones con las restantes. Su increíble liviandad para abordar una cuestión tan delicada en términos institucionales y políticos desembocó en el peor de los resultados: instalar la dura sospecha de que el trasfondo de la movida sería, simplemente -nada más y nada menos-, dejar vacante (y ocupar de inmediato, por supuesto) un ámbito clave en el juego de poder de la Provincia.
ALGO MAS QUE UN CARGO
La Fiscalía de Estado no es un cargo más en la estructura del Estado bonaerense. Su titular es el abogado de la Provincia, quien defiende en los tribunales el patrimonio del Fisco en controversias con particulares y con otros estamentos públicos. Y forma parte, junto con el Tribunal de Cuentas, de los llamados Organismos de la Constitución, encargados del contralor de los actos administrativos (licitaciones, contrataciones y compras, por caso) del gobierno; función que la Fiscalía ejerce, mediante dictámenes, en forma previa a esos actos, y el Tribunal en la instancia posterior a su concreción. Por eso la Carta Magna provincial les otorga una especial jerarquía y dispone que sus miembros sean inamovibles y elegidos con acuerdo del Senado.
Es, por lo tanto, un lugar especialmente apetecido por todas las fuerzas políticas, les toque ser oficialismo u oposición. El actual fiscal, Szelagowski, fue designado -como lo marca la Constitución, por el Senado y a propuesta del gobernador- en diciembre de 1987, nueve días antes de que el radical Alejandro Armendáriz le entregara el mando de la Provincia al peronista Antonio Cafiero.
ENDEBLEZ ESCALOFRIANTE
Desde ese esquema, la presentación formal de un diputado del FpV, el sindicalista Carlos Quintana, pidiendo el juicio político del fiscal de Estado resultó sorpresiva, en un contexto en el que no había denuncias expresas ni posiciones críticas públicamente conocidas sobre su desempeño.
Con todo, y pese a ese marco, la embestida podía eventualmente estar justificada por las acusaciones que el legislador presentara como fundamentación. No lo estuvo. La endeblez de los dos "casos" que el diputado denunció resultó escalofriante, y agravada por no haber elegido para la movida a un legislador abogado que pudiera explicar -al menos en el anuncio público- cuestiones que son complejas y específicas de la técnica jurídico-administrativa.
En el plano estrictamente político, el grupo que maneja el bloque oficialista de diputados dejó trascender, al lanzarse la embestida, que ésta contaba ya con el seguro respaldo de la bancada del PJ para aprobar la realización del juicio político, y con la indiferencia, por lo menos, de los radicales. Pero el resultado mostró que, una vez más, ese grupo se tiró a la pileta sin fijarse si había agua, o tal vez sin tener en cuenta que, si no estaba vacía, sólo una movida sólida y seria podía mantenerla llena.
Olvidado también, quizás -el grupo-, de que a esta altura de la vida (a meses de la finalización de los mandatos de media Legislatura y del arranque de un nuevo gobierno provincial), el desplazamiento de alguien que está en un cargo inamovible e hiperestratégico iba a trascender las paredes del Palacio de 7 y 50 e interesar en el caso a otros actores.
TELEFONOS AL ROJO VIVO
Lo cierto es que, apenas puesta en marcha la movida, Szelagowski recibió llamadas de la Casa Rosada. Un ministro y un secretario de Estado fueron los encargados de transmitirle la "solidaridad y respaldo" del gobierno nacional frente a una jugada que consideraban "espúrea". A ambos el Fiscal les habría comentado que piensa retirarse de la función tras su próximo cumpleaños, es decir, "a fines de año", pero que no pensaba "dejarse arrastrar por una movida que enlodara" su trayectoria sin dar la pelea.
Daniel Scioli, en tanto, se encargó de que su rechazo a la movida les llegara más temprano que tarde a los legisladores. "Paren todo", pidió de manera reservada. Pero a través de voceros, además, el candidato a gobernador del oficialismo reconoció públicamente su oposición y dejó conocer que sabía del "prestigio del Dr. Szelagowski". Es que Scioli no sólo no estaba de acuerdo con el desplazamiento del fiscal. Temió que pudiera instalarse la idea de que él lo promovía.
A la conducción partidaria del PJ, por su parte, llegaron versiones de que de la reunión en la que se definió la embestida contra Szelagowski -y en la que se habrían analizado también otras posibles movidas de dura repercusión institucional para las próximas semanas- participaron algunos legisladores peronistas.
Por eso desde ese ámbito se ocuparon de que en la bancada del PJ se enteraran del rechazo de Scioli por boca del propio Vicepresidente.
En la Gobernación, en tanto, admiten que la movida de los diputados propios se desarrolló "de manera poco seria", por ser suaves. Pero molestó que Scioli "no hubiera hablado del tema con Felipe Solá antes de reaccionar y actuar". Molestia que habría llegado a oídos del candidato y que se abordaría en una charla que mantendría con el Gobernador a comienzos de esta semana.
UNA SITUACION PREOCUPANTE
El otro episodio que volvió a exponer las aristas ríspidas de la relación entre el gobierno nacional y provincial, y ya no de modo colateral sino de lleno, fueron las durísimas críticas que el Gobernador disparó esta semana contra un funcionario clave de la administración Kirchner, el secretario de Comercio Interior -el controlador de precios, en rigor- Guillermo Moreno.
Detrás de las acusaciones de "autoritarismo" que Solá lanzó contra Moreno por su gravitación en el manejo del Mercado Central se esconde, en rigor, se esconde una historia oscura y preocupante.
El Mercado Central tiene una conducción tripartita, ejercida por representantes de la Provincia, la Nación y la capital federal que se rotan en la presidencia del ente. Actualmente, el director por el Estado bonaerense es Ricardo Angelucci, más vinculado políticamente al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Alberto Balestrini, que al propio Solá; y el titular es el representante de la Nación, Fabián Dragone, un kirchnerista puro que, sin embargo, en los últimos tiempos quedó bajo la férrea y directa influencia de Moreno.
Ocurre que, como espacio de comercialización directa entre muchos productores de verduras y frutas y los mayoristas que es, el Mercado Central quedó en la mira de Moreno y su obsesivo seguimiento de los precios. Pero además históricamente se ha sospechado del desarrollo, en ese ámbito, de negocios poco claros protegidos por el accionar de patotas que alguna vez estuvieron en los títulos de las tapas de los diarios. Y todos esos factores parecieron combinarse y potenciarse para un choque de criterios cada vez más fuerte entre Dragone y Angelucci.
En medio de ese choque, signado por divergencias sobre el manejo administrativo y operativo del Mercado, acerca de cómo se aplican los controles de precios en ese ámbito, e inclusive sobre un asesor que habría designado Dragone y que sería el nuevo encargado de la seguridad en el predio, lo cierto es que el representante bonaerense fue agredido en su despacho del Mercado -¿en una movida con "zona liberada", se preguntan en la Gobernación?- por un grupo de siete hombres que lo lastimó severamente.
UN EPISODIO ABIERTO
Fue ése el detonante de las sorpresivas críticas públicas de Solá contra Moreno aunque -cuestionado como está, desde los más diversos sectores, el funcionario nacional, tanto por los resultados técnicos de su política de acuerdo de precios como por sus modos- el trasfondo del cortocircuito haya quedado desdibujado.
Es posible que el episodio no tenga nuevas repercusiones mediáticas. El Presidente le pidió al Gobernador que "por ahora" no vuelva a criticar públicamente a Moreno. Pero Angelucci renunció tras la golpiza y le elevó a Solá un lapidario informe sobre la gestión del "delegado" de Moreno en el Mercado Central que el Gobernador derivó, con una nota adjunta de puño y letra, a la senadora Cristina Kirchner, a la ministra de Economía, Felisa Miceli, y a Balestrini, además de dejar vacante el asiento de la Provincia, a la espera de "medidas".
Al cabo de semejante semana, alguien quiso saber cómo está el clima en la relación entre la Rosada y la Gobernación, entre Kirchner y Solá para ser más específicos. Apelando a un viejo chiste, en La Plata dicen que no hace "ni frío ni calor: cero grados".
