Buenos Aires, (NA)- El Gobierno salió ayer a responder al nuevo reclamo de actualización de tarifas efectuado por el Fondo Monetario Internacional, al aclarar que «todavía no hay un marco legal» y por lo tanto este ajuste podría demorar más de 90 días.
El FMI volvió a endurecer su posición a través de su vicedirectora gerente del organismo, Anne Krueger, quien advirtió ayer que la Argentina necesita una actualización de tarifas, reestructurar la deuda con los acreedores privados y avanzar con las reformas del sistema financiero.
Ante esto, el portavoz de Economía, Armando Torres, afirmó ayer que los ajustes de tarifas «no se producirán hasta tanto no haya un nuevo marco legal que le permita al Poder Ejecutivo mayor capacidad de definición».
Añadió que durante el anterior gobierno de Eduardo Duhalde «quedó demostrada la necesidad de establecer un nuevo marco legal para producir los ajustes tarifarios, lo cual está en proceso de elaboración a través de un proyecto de ley que le dará mayor capacidad de definición al Poder Ejecutivo».
El vocero de Economía agregó que se está «definiendo, individualmente, una renegociación con acuerdos externos en un grado de avance que nos permite prever que, antes de fin de año, se estará en la etapa definitoria de la renegociacion» con los acreedores privados de la deuda externa.
Torres destacó que un acuerdo a largo plazo con el FMI «es casi una precondición para hacer verosímil un acuerdo con acreedores externos».
Por otra parte, señaló que «la reforma del sistema bancario comenzó mediante la autodepuración del propio sistema, sin la intervención del Estado Nacional».
Añadió que «se avanzó más cuando tomo estado parlamentario el proyecto de reformas a la ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica del Banco Central». El vocero destacó los avances que se registraron en «la recuperación de las cuasimonedas y la eliminación de restricciones en el sistema cambiario».
Puntualizó también que «el tema de la suspensión de ejecuciones es nada más que transitorio y no tiene tal magnitud como para impedir que se avance en un acuerdo de largo plazo» con el FMI.
Por su parte, un vocero del Ministerio de Planificacion Federal dijo que esa cartera está analizando «caso por caso» los contratos de concesión de los servicios y que convocaraá en los próximos meses a audiencias públicas para debatir el ajuste en materia de tarifas como de inversiones.
Fuentes de ese ministerio a cargo de Julio de Vido, señalaron que «el plazo de noventa días para adecuar las tarifas debe tomarse como referencia ya que la renegociación de algunos contratos podría concluirse antes de esa fecha, y otros tal vez lleven más tiempo».
Enfatizó que «en todos los casos, se llamará a audiencias públicas para analizar contrato por contrato, y se consideraran los pedidos de los concesionarios y de los consumidores».
Explicó que los técnicos del Ministerio «avanzan en el análisis de cada contrato, para saber qué es lo que ha sucedido caso por caso».
Ese estudio se realiza en base a los datos recogidos en los últimos meses por la Comisión de Renegociación creada por el Ministerio de Economía, a la que ahora se agregarán integrantes de Planificación.
