El presbítero Mario Napoleón Sasso, integrante de la diócesis Zárate-Campana, fue condenado ayer a 17 años prisión por el abuso sexual de al menos cinco niñas que asistían al comedor comunitario de su parroquia en el barrio La Lonja de la ciudad Pilar.
La sentencia fue dictada en la mañana de ayer por los jueces del Tribunal Número 1 de San Isidro, que llevaron adelante la causa, pese a que la querella y la fiscalía habían pedido 35 años, por lo que se espera una apelación en la Cámara de Casación, señalaron fuentes judiciales.
"Este es uno de los hechos más graves que enfrenta la sociedad, después del terrorismo de Estado", afirmó uno de los abogados que representó a las víctimas, Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
"Hay por lo menos cinco víctimas que perdieron la posibilidad de desarrollar su sexualidad con normalidad y cargan con daños irreversibles de por vida", continuó el letrado.
Moreau destacó que ante este tipo de delitos se debe modificar el máximo de penas que contempla el Código Penal, que por la sumatoria de casos da 25 años. No obstante, la fiscalía había pedido 10 más, con el apoyo de los abogados defensores, al invocar la jurisprudencia de la "ley de defensa de la democracia", que permite sumar a la pena máxima establecida hasta la mitad de los años que tiene la misma.
Los casos que fueron a juicio oral y por los que fue condenado el sacerdote fueron los de cinco niñas que al momento de los hechos tenían 7, 9, 10, 11 y 14 años. La APDH abrió otras dos causas por abuso de otra nena de 6 años y de una adolescente de 15 y, según testimonios expuestos en el juicio, el párroco habría cometido al menos otros 20 abusos.
Fuentes judiciales señalaron que el sacerdote tenía antecedentes pedófilos y la prohibición médica de tener contacto con niños, pese a lo cual en ese entonces autoridades del obispado de Zárate Campana, juzgadas por encubrimiento, le encomendaron en 1998 la parroquia y el comedor comunitario.
Los asistentes sociales que declararon en el juicio definieron a la situación socioeconómica de las víctimas como de extrema pobreza, por lo que asistían al comedor de la parroquia a diario, para recibir un plato de comida.
Unico sacerdote de la parroquia y máxima autoridad del comedor, Sasso, de unos 50 años, les ofrecía a las niñas caramelos y las invitaba a ver televisión a su habitación, donde las sometía sexualmente y, en al menos tres casos, las penetraba.
La policía secuestró en el lugar profilácticos usados y pornografía infantil que el cura tenía almacenada en su computadora y en revistas pedófilas y, según se comprobó en el juicio, les hacía ver a las nenas mientras las abusaba.
Según Moreau, los abusos fueron prolongados y sistemáticos y sólo se detuvieron tras la denuncia de una catequista de la parroquia en noviembre de 2003, quien se enteró de la situación por el relato de una de las nenas y acudió a la justicia junto al titular de la Casa de Derechos Humanos de Pilar.
Tras la denuncia, y a solicitud del fiscal de Pilar Enrique Ferrari, el juez de San Isidro Orlando Díaz libró una orden de captura sobre Sasso, que se efectivizó el 20 de enero de 2004.
El sacerdote eludió durante más de un mes y medio la orden de captura internacional dictada en su contra, modificó su fisonomía para no ser reconocido y viajó a Paraguay, donde permaneció unos diez días, tras los cuales regresó al país.
La APDH denunció que miembros prominentes del obispado de Zárate-Campana fueron sus encubridores y la justicia procesó al vicario general de la diócesis, Ramón Villa Iglesias, y al sacerdote Gabriel Michelli, quienes hoy cumplen una probation.
Una fuente de la Asamblea señaló que el ex obispo Monseñor Rafael Rey también fue imputado, pero no pudo ser llevado a juicio oral porque, según trascendidos, "se acogió a la jubilación urgido desde el Vaticano".
Sasso tenía antecedentes clínicos de pedofilia en la diócesis de San Juan, de donde es oriundo, por lo que hizo un tratamiento entre 1996 y 1998 en la Domus Mariae de Tortuguitas 1998, -una institución cuestionada por distintos organismos, donde son albergados sacerdotes con problemas de conducta.
El cura tiene rasgos psicológicos que lo definen como "pedófilo" y padece "trastornos obsesivos", según informes médicos analizados en el juicio y, de acuerdo testimonios de los directivos de Domus Mariae, egresó de la clínica sin alta médica y con la prohibición de estar a solas en contacto con niños.
