Como se recordará esa dependencia fue inaugurada hace más de cuatro años por el entonces Intendente Varela y funcionarios de la procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires mediante el convenio respectivo con la finalidad de resolver diversos conflictos sociales y ser nexo entre la sociedad y el aparato de justicia siendo esta oficina una continuidad de la entonces Oficina Municipal de Derechos y Garantías Constitucionales también a cargo de Martínez, la cual venía cumpliendo funciones similares. A nuestro requerimiento el funcionario se negó a hacer declaraciones periodísticas argumentando que a la fecha no ha siso debidamente notificado de ninguna resolución al respecto ni desde la subsecretaría de Política Criminal de la procuración general, de quien depende operativamente, ni de la intendenta municipal Sra., Stella Giroldi que son las partes que tienen en sus manos la decisión final. Aumenta así la incertidumbre ya que es la primera vez que Martínez no accede a la requisitoria de la prensa teniendo en cuenta que además de ser reconocido periodista, preside desde tiempo el Círculo de periodistas de Campana por lo que su silencio resulta llamativo.
En el ámbito municipal también hay un extraño hermetismo que preanuncia el desenlace planteado. En caso de concretarse el cierre de la oficina hay un amplio sector de nuestra comunidad que quedará sin este servicio de justicia, el cual recepciona y atiende a ciudadanos sin recursos económicos y a los más de 1200 presos alojados en las dos cárceles existentes en Campana, haciendo nexo entre estos y la justicia, facilitando su acceso a la misma y resolviendo de ese modo innumerables cuestiones y conflictos. Seguramente en los días venideros se conocerán más precisiones al respecto.
