Buenos Aires (Especial para NA) -- Cuando, finalmente, el Gobierno se decidió a anunciar el cambio del sistema de retenciones a la producción agraria, lo hizo cuidándose de que las cifras no cambiaran en nada cómo funciona hasta aquí la actividad rural.
Pero si los números dejan, de hecho, todo tal como lo consumó el ya olvidado Martín Lousteau, la presentación que hizo un impresionantemente agotado Alberto Fernández, reviste contenidos políticos concretos, que no se pueden obviar.
Ahora, el procesamiento y los arrestos de dirigentes rurales y figuras de la oposición al finalizar la semana acentuaron el rostro cada vez más ominoso de la Argentina.
Las cosas, efectivamente, vienen yendo de mal a peor. ¿Será, entonces cierto que "la gente" está harta de la pelea del Gobierno con el campo?
¿Será verdad que para la mayoría de los argentinos ninguna de ambas partes tiene razón o ambas tienen un poco de ella? El Gobierno pestañeó.
¿Por qué espero tanto? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo proceso de manera armónica con las entidades agropecuarias? La Casa Rosada usó la palabra "rebaja", pero no la habrá, a menos que se produjera un fenomenal (y muy poco probable) aumento del precio de la soja por arriba de los 600 dólares la tonelada, cuando se descerrajaría el anunciado y simbólico recorte oficial.
El viernes la soja se cotizaba en el mundo a US$ 486. Los voceros oficiales siguen reiterando con dogmático ideologismo, que ese negocio enriquece a la patria sojera pero empobrece al país.La verdad es que la soja le importa, y mucho, al conjunto de la economía nacional. La actual cosecha se estima que producirá exportaciones por US$ 22.000 millones.
En marzo, Lousteau avanzó con el disparate de eliminar el mercado de futuros, cuando la soja llegó al nivel histórico de US$ 520 por tonelada. Así, el Gobierno armó una tabla progresiva, según la cual una soja a US$ 600 debería dejarle US$ 300 al Estado, y si llegaba a US$ 750 (inconcebible), el fisco embucharía US$ 430 por cada tonelada exportada.
El campo salió a las rutas. Ahora se vuelve al comienzo: hasta US$ 600 todo sigue igual. En
caso de que ese techo se rompa, éstas con las "concesiones" del Gobierno: con la soja a US$ 750, hay que dejarle al Estado el 52,5 por ciento, una "rebaja" del 20 por ciento, pero absolutamente virtual, porque se dibuja sobre una tarifa hipotética y casi imposible.
Esa ha sido la generosidad oficial. Si las retenciones "móviles" se mantienen y el precio de los granos sigue bajando en el mercado mundial, es factible que lo recaudado por el Estado disminuya. ¿Lo aceptaría el Gobierno? O devora sus palabras, o no tiene otra opción. En un ambiente recalentado y pletórico de afirmaciones ignorantes del mercado, han proliferado inexactitudes ofensivas. Militantes, activistas, comunicólogos, sociólogos y ensayistas varios hablan de campo y soja como si supieran. Afirman que la soja creció a merced del trigo y del maíz, un error garrafal. En términos proporcionales, crece más el área sembrada de maíz que el de la soja. Y respecto de la monserga ecologista anti-soja, no es seria ni se sustenta.
El Gobierno aumentó sorpresivamente el 11 de marzo las retenciones móviles y simultáneamente incrementó el gravamen contra la soja del 35 al 44 por ciento. Desde ese momento, las entidades agropecuarias fueron aceptando el esquema de retenciones móviles, pero aspiraban a arrancar desde la alícuota previa. Antes de diciembre de 2007, las retenciones aumentaron de 27,5 a 35 por ciento y el campo masticó la píldora sin ir a la guerra.
Consideran los productores rurales que si el Gobierno persiste en quedarse con el 44 por ciento del valor bruto de la producción sojera, sufrirán mucho quienes arriendan tierras. Según el economista Jorge Ingaramo, los precios internacionales de los granos a valores de exportación determinan que la cosecha en vigencia equivaldrá a unos US$ 35.500 millones.
Puntualiza que, como los costos de producirla llegan a US$ 12.400 millones, lo que permanece en juego se achica a US$ 23.100 millones.
Si el Gobierno retiene US$ 11.700 millones y la AFIP recauda, por ganancias, otros US$ 1.500 millones por impuesto a las ganancias, el apropiador de esa riqueza es el Estado, que no la produce, pero vive de ella.
No sólo el Estado, que recauda sin trabajar, se queda con más ganancia que el productor verdadero: éste pierde comparado con el propietario de la tierra. No menos del 55 por ciento de la agricultura pampeana se despliega en campos arrendados y esos propietarios que rentan sus predios se juntarán con no menos de US$ 5.300 millones.
¿Resultado? Quienes laboran la tierra en serio se quedan con US$ 3.200 millones, menos del 10 por ciento del valor bruto de su producción. Ganan en relación al promedio histórico, especialmente quienes producen sus propias tierras.
Pero son promedios más modestos que los citados equívocamente por la falange militante que alimenta usinas ideológicas oficiales: un productor que alquila un campo para hacer soja a duras penas supera los US$ 110 por hectárea.
Esa es gente que sigue junto a los caminos, "oligarquía" de hombres sufridos y empobrecidos los que zamarrea el dogma altanero y populista de los atriles gubernamentales. De modo que las "concesiones" oficiales agregaron controversia y profundizaron la crisis. La protesta no amainó y los polémicos bloqueos de tránsito recrudecieron.
En la mirada fría del gobierno más vertical que ha tenido la Argentina en democracia, pretender intervenir en defensa de intereses legítimos, vulnerados por la acción del Estado, es censurable.
La Sociedad Rural reforzó las críticas a los cambios anunciados y sugirió que la Casa Rosada rompió las negociaciones para poder hacer anuncios unilaterales.
Se paralizó bruscamente la negociación porque el Gobierno, adujo agresividad verbal en los discursos de los líderes rurales el 25 de mayo. Arturo Llavallol, vicepresidente de la Rural, asegura que "fue todo una excusa para hacer lo que querían Hubo una fuerte descalificación del Gobierno a la dirigencia agropecuaria".
Para Llavallol, el Gobierno "sigue sin entender cuál es la necesidad de los productores". El presidente de Coninagro, Fernando Gioino, mucho más apretado por la Casa Rosada, cree que hubo un "cambio de actitud" en el Gobierno, pese a proclamar que lo "concedido" por el Ejecutivo "no es suficiente".
Cauto, aclaró que Coninagro "de ninguna manera se va de la mesa de enlace. Sólo tenemos una idea diferente y a veces una idea diferente permite a la otra cambiar y llegar a un punto donde todos mejoremos".
Pero persiste la unilateralidad por parte del Gobierno. Esto revela, según la Unión Cívica Radical, que "la contradicción del kirchnerismo sigue siendo autoritarismo o democracia".
El senador nacional Gerardo Morales está convencido de que "indudablemente, no están acostumbrados al diálogo y al consenso para resolver los problemas del país, siguen teniendo como el eje central la cuestión fiscalista con el único objetivo de hacer más caja, sin avanzar en políticas productivas integrales". El sistema de reintegros a los pequeños y medianos productores, además de haber fracasado hasta ahora, es poco creíble.
Resulta innegable que la Casa Rosada hace caso omiso del artículo 7 de la Ley de Coparticipación, que fija una base del 34 por ciento del total de ingresos para las provincias.
Según dicho mínimo legal de coparticipación federal, los 70.625 millones de pesos que se distribuyen hoy entre las provincias, tendrían que ser 94.934 millones. La palabra federal es hoy una entelequia en la Argentina.
El país vive una era de cruda suma del poder público.
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