La Plata (Especial para NA) -- La enorme inquietud que generó la crisis del campo no alcanzó -sin soluciones verdaderas aún a la vista- a disiparse totalmente, cuando el futuro de "la economía del país" se convirtió en la preocupación dominante en un territorio que, como el bonaerense, además no encuentra tregua en otro plano que hace del temor un sentimiento cotidiano, el de la seguridad.
Quienes tienen en la Provincia algún nivel de responsabilidad institucional, ejecutiva o legislativa, cualquiera sea su signo político, no ocultan por estos días su preocupación por "lo que vendrá" en materia económica. Y miran el asunto desde dos aspectos.
Por un lado, siguen los datos que muestran la tendencia inflacionaria, el declive del superávit fiscal nacional, el freno de las inversiones y la imposibilidad del país de acceder al financiamiento externo como no sea pagándole tasas de interés disparatadas al Estado venezolano.
Y por otro, observan lo que entienden como "falta de indicios de que la Casa Rosada esté tomando nota de esas señales negativas y esté dispuesta a reaccionar para evitar un futuro negro que ya está a la vuelta de la esquina". En ese sentido, la única frase que parece haber registrado la clase política bonaerense, en particular la oficialista, de las casi dos horas de la conferencia de prensa de la presidenta Cristina Kirchner, es la que decía que no cambiaría nada de lo hecho hasta ahora.
INDICIOS Y PRONOSTICOS
Es que no se trata sólo de pronósticos. En los municipios, los intendentes ven crecer la lista de obras con financiamiento nacional anunciadas o inclusive iniciadas que están paradas desde hace meses, y en algunos casos desde hace más de un año. Sus gestiones para que se reanuden suelen ingresar en vías muertas. Al Estado provincial, cuyo Presupuesto de este año hablaba ya en diciembre pasado de un grave déficit, estos augurios de serias complicaciones económicas "del país" lo encuentran en una instancia clave.
El gobierno de Scioli ocupó, en ese plano, estos primeros ocho meses de mandato en busca de modificar aspectos vinculados a la relación con la Nación, en pos de obtener tanto resultados coyunturales (mayores fondos sólo para este ejercicio) como cambios que le otorguen un mejor perfil estructural a las cuentas de la Provincia.
GESTIONES E INCERTIDUMBRES
Así, ha venido gestionando la redefinición de fondos ya comprometidos para este año por la administración federal por la ley educativa y por déficits previsionales (más de 1.000 millones en total); un aumento -definitivo- de los recursos fijos que recibe la Provincia además de la coparticipación general de impuestos; la refinanciación, con mejores plazos, de la deuda con la propia Nación, que tiene fuertes vencimientos amontonados en los próximos tres años; y la efectivización del traspaso de los trenes bonaerenses.
El conjunto de las provincias, en tanto, comparte gestiones para que se repartan los 6.000 millones de pesos que, en concepto de ATN (subsidios no reintegrables), debió distribuir entre los Estados provinciales y municipales el ministerio del Interior durante los últimos cuatro años, según los presupuestos correspondientes, pero no repartió.
Con escasos o nulos avances hasta ahora en esas tratativas, la administración bonaerense definió un mecanismo de aumento de sus propios ingresos, por la vía de la reforma del impuesto a los Ingresos Brutos que se aplicará en este segundo semestre. Y mantuvo una política conservadora de ejecución del presupuesto de gastos, en particular del rubro obras, que le permitió ingresar a la última mitad del año con un panorama relativamente calmo si de cerrar las cuentas se trata.
Pero las perspectivas de la Provincia ingresaron en zona turbulenta e incierta en los últimos tiempos. Los pronósticos sombríos sobre la economía del país y de las cuentas nacionales se traducirían para el Estado bonaerense, de convertirse en dura realidad, no sólo en mayores dificultades para mejorar -o mantener- los recursos derivados de la administración federal, sino también en complicaciones en la evolución de los ingresos propios.
INSTANCIA CRUCIAL
Y éste es el contexto -que dice también que a la Provincia le resultará prácticamente imposible tomar financiamiento en los mercados, internos o externos- en el que el gobierno de Scioli afronta una instancia decisiva para terminar de configurar qué resto de año le espera: la definición del nuevo aumento salarial en la Administración bonaerense.
Varios gremios -docentes, médicos de hospitales, un sector de los administrativos- han encarado esta negociación con un duro perfil confrontativo, disponiendo paros aún antes de conocer cuál será la oferta oficial. Y el punto crucial es que algunos de esos segmentos reclaman una suba de los sueldos que duplica holgadamente la pauta de aumento que, según los cálculos del gobierno, le permitirían mantener encauzadas las cuentas del año.
HUMOR CIUDADANO
Además de las inquietudes por los recursos públicos, desde los ámbitos políticos se sigue con preocupación el humor ciudadano vinculado a las economías familiares.
Advierten, así, que en el interior la caída del precio de la soja -13% en la última semana- y la persistencia de problemas en los diversos sectores agropecuarios amenazan con complicar nuevamente a las economías zonales. Y perciben que en los grandes centros urbanos la clase media, ya inquieta por la inflación que reflejan "las compras en el supermercado", se verá ahora particularmente afectada por medidas que el gobierno nacional "debió tomar hace mucho" -según dicen los economistas y admiten los políticos- pero adopta ahora, cuando el clima económico general no es precisamente el mejor: el ajuste de las tarifas de los más diversos servicios; una medida automáticamente imitada por el gobierno provincial, y de la que muchos intendentes fueron pioneros descongelando las tasas municipales.
"Se necesita con urgencia un ministro nacional de Economía con solvencia técnica y peso personal para imponer las medidas que enderecen el rumbo", sostienen en la política bonaerense. Por razones de costos políticos compartidos, en el oficialismo es donde más se consolida esa visión, en clave de reclamo, pero donde impera también -quizás por conocimiento directo-, mayor escepticismo.
CUANDO FALLA EL ESTADO
Con todo, la economía es una preocupación creciente para los bonaerenses pero no excluyente. El asesinato de la familia Mansilla, con un delincuente que cumplía arresto domiciliario como principal sospechoso, ha puesto nuevamente bajo la lupa de los propios Poderes públicos a la Justicia y, en particular, el desempeño de un magistrado.
Pero el caso expuso también fallas en el accionar policial -ante una denuncia de que había gente secuestrada en la casa de quien resultó luego sospechoso- y de organismos del Ejecutivo que deben ocuparse del control de los beneficiados con excarcelaciones monitoreadas por pulsera electrónica. Y aunque tuvo menor exposición que la actuación judicial, alcanzó a poner nuevamente bajo la lupa una legislación que dispone que, en principio, los acusados de delitos penales deben afrontar la etapa de la investigación en libertad, y que la principal causa que deben tener en cuenta los magistrados para restringir esa libertad no es precisamente el tipo de delito sino la posibilidad de que los sospechosos se fuguen para la hora del juicio.
En medio de ciertos tironeos entre los distintos Poderes por derivarse "culpas" por este caso, quizás todos hayan perdido de vista que el que, con sus fallas, facilitó de alguna manera este cuádruple crimen, fue en definitiva el Estado que, ante la sociedad y en materia de responsabilidades, es -y así debería ser asumido por las distintas partes- uno solo.
Y mientras la masacre de la familia Mansilla sigue agitando a los Poderes públicos, en la semana transcurrida desde ese hecho inconcebible los bonaerenses se han visto conmovidos por varios asesinatos "en ocasión de robo", como dicen los partes, que alcanzaron repercusión pública -un ingeniero en San Martín, un repartidor de pan en Merlo- y otros que pasaron desapercibidos, como el de un taxista en Quilmes, entre tantos.
