El viernes -5 de septiembre- se llevo a cabo en Baradero, una jornada de capacitación para operadores del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el marco de un convenio de cooperación mutua entre el Ministerio de Justicia y el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD).
Bajo la temática "Diagnóstico y Clasificación de Internos", el encuentro tuvo lugar en la sede de la Sociedad Italiana -Santa María de Oro Nº 257- Baradero de 8.30 a 18. Asistieron autoridades del Ministerio de Justicia de la Provincia, del Servicio Penitenciario Bonaerense y expertos del ILANUD de Argentina Uruguay y Costa Rica.
El encuentro estuvo destinado para los jefes de Complejos, directores de Unidades, subdirectores de asistencia y tratamiento, jefes de la sección vigilancia y tratamiento, profesionales del departamento Criminológico e integrantes del Grupo de Admisión y Seguimiento (GAYS), de las Penitenciarias de CAMPANA, Junín, Mercedes, San Nicolás, Baradero, San Isidro y San Martín.
"Expusieron los principales miembros del ILANUD, y luego se dividieron en mesas de trabajo con metodología participativa, trabajo grupal, intercambio de conocimientos y debate", detalló el Jefe del SPB, Fernando Díaz.
Esta misma capacitación viene recorriendo los principales centros de la Provincia. El primero se disertó en La Plata, luego Olavarría, Mar del Plata, y por último en Baradero.
"Estos encuentros forman parte del programa de formación continua para agentes penitenciarios y fueron diseñados en base a los lineamientos pautados en el Convenio celebrado entre el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente –ILANUD- y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires", detalló la subsecretaria de Política Criminal de la cartera de Justicia, María Pía Leiro.
El ILANUD es un organismo de las Naciones Unidas cuyo objetivo principal es colaborar con los gobiernos en el desarrollo económico y social equilibrado de los países de América Latina y el Caribe, mediante la formulación e incorporación en los planes nacionales de desarrollo, de políticas e instrumentos de acción adecuados en el área de la prevención del delito y la justicia penal.
