La Plata (Especial para NA) -- Los bonaerenses lo saben bien. Lo sufren cada día, en cada barrio.
La inseguridad no es un problema de sensaciones ni de olas. Es una realidad permanente, de extrema gravedad, que se cobra vidas todos los días.
Es en los poderes públicos involucrados donde la cuestión es vivida como un asunto cíclico, cuando en rigor lo único que registra mesetas y picos agudos es la expresión pública del miedo y la indignación de la ciudadanía frente a la problemática.
En medio del último de estos picos, lo único que le faltaba a la gente es que la necesaria asunción de responsabilidades y de búsqueda de soluciones que debe darse en cada una de las patas que hacen a la seguridad, y la imprescindible complementación entre ellas, sean reemplazadas por una suerte de fuego cruzado para tratar de colocar la "culpa" en los otros.
Los bonaerenses saben de memoria, por dolorosa experiencia directa, que las fallas son tan profundas y graves en el trabajo policial de prevención y represión del delito, como en la investigación de los hechos, en las leyes penales y en los procesos judiciales. Y están acostumbrados a estos cíclicos peloteos de "culpas", que suelen zanjarse con parches en una u otra área.
LA JUSTICIA EN FOCO
El juego de "instalación" de "culpables" frente a la sociedad es tan duro que en el propio gobierno bonaerense se cree que algunas de las críticas que se disparan obre el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, son lanzadas con esa intencionalidad de "desviar responsabilidades" desde algún despacho del gabinete provincial.
Es la justicia, sin embargo, la que ha quedado en foco en estos días, más concretamente por las excarcelaciones que se conceden a los imputados antes de los juicios y por las libertades que se otorgan a los condenados cuando faltan varios años para que se cumplan sus penas de prisión.
El gobierno de Daniel Scioli se ha sentido fuertemente respaldado por la administración nacional, y por el matrimonio Kirchner en particular, en esta embestida contra los jueces que "liberan, liberan y liberan".
Pero la forma en que está siendo presentado ese aspecto del problema tiende a ocultar que, al margen de que existan jueces que exageren en la "interpretación" de las normas, son las leyes las que establecen los beneficios excarcelatorios y obligan, en principio, a los magistrados a aplicarlos; leyes en general impulsadas por los Poderes Ejecutivos y sancionadas por legisladores que no parecen muy dispuestos a hacerse cargo de la parte que les toca.
En ese marco, a nadie le pareció casual que la Suprema Corte de la Provincia haya salido a denunciar en estos días que hay funcionarios del Poder Ejecutivo que disponen nada más y nada menos que la liberación de menores que están a disposición de la justicia.
DEBATE Y DUDAS
Sigue abierto, mientras tanto, el debate por la baja de la edad para la imputabilidad penal de los menores que propicia el Gobernador. Algunas críticas a esa iniciativa, que aluden a que a esos adolescentes se les aplicarían las normas y condenas que rigen para los mayores y que serían encarcelados en los mismos ámbitos, son -por lo menos- inconsistentes.
Es que esos cuestionamientos denotan que sus emisores -algunos, funcionarios importantes de distintas esferas y Poderes- no saben siquiera que en la Provincia existe un sistema legal y judicial específico para los menores que delinquen y que nada tiene que ver con el de los "grandes".
Pero por otro lado los entendidos se preguntan, con preocupación, cómo incidiría que los menores ingresen desde, por caso, los 14 años, a ese régimen penal juvenil, que ni siquiera ha sido implementado todavía en toda la Provincia y que muestra graves falencias en las regiones donde comenzó a funcionar, sobre todo en los sensibles capítulos de los que deben ocuparse el gobierno bonaerense y los municipios (el alojamiento de los menores y su tratamiento para su reinserción social a través de especialistas de las más diversas disciplinas).
Por eso, muchos de los expertos que coinciden con el criterio de que, por delitos graves, los menores deberían ser imputables a partir de los 14 años, sostienen que, sin embargo, un régimen de esas características requiere recursos materiales y humanos (o los fondos para adquirirlos rápidamente) que la Provincia no tiene. Y se preguntan si estos elementos han sido lo suficientemente evaluados en el gabinete bonaerense antes de que se saliera a propiciar una medida de ese tipo. Creen que meter a esos menores en un régimen que no puede darles el tratamiento necesario puede convertir al remedio en peor que la enfermedad.
LA ECONOMIA
En otro orden, en el oficialismo han tomado nota de que la decisión de estatizar las AFJP ha venido a mostrar una vez más que el gobierno nacional afronta un serio problema de credibilidad. "Por más que lo prometan, la gente no cree que el dinero vaya a ser bien usado", resumen.
Pero en el oficialismo creen también que, de cualquier modo, si el Senado sanciona la ley de las AFJP el gobierno nacional habrá recuperado un margen de maniobra sustancial: se habrá asegurado para el electoral 2009 el pago de las jubilaciones y de los vencimientos de la deuda. "Y es tan importante tener los fondos necesarios para evitar el default con los jubilados y los acreedores, como que los mercados sepan que el gobierno los tiene", dicen.
Pero paralelamente en la administración provincial crece la preocupación por el impacto que la recesión en marcha tendría en los próximos meses sobre los ingresos públicos y por los costos sociales, con las consecuentes demandas sobre el Estado, que acarrearía el fuerte desempleo que coinciden en pronosticar los economistas.
¿Cómo afrontará ese panorama una provincia que ya tiene un grave déficit estructural y no tendrá dónde tomar financiamiento? Hay señales de que la Nación terminará cediendo algunos puntos del impuesto al cheque en favor de las provincias.
Pero saben que éso no alcanzará para mucho. "Nos van a salvar las elecciones. Sólo Buenos Aires puede darle un nuevo triunfo al kirchnerismo, y el gobierno nacional tendrá que aportarle los recursos que le eviten ahogos financieros", se confían en el oficialismo bonaerense.
