Buenos Aires (Especial de NA) -- La decisión del Gobierno de afrontar la crisis en ciernes con un paquete de medidas de diversa índole no solamente tendrá efectos en el campo económico, sino que busca volver a poner a la administración K en el centro de la escena política de cara a un 2009 que estará dominado por el debate electoral.
Por eso la batería de medidas -considerada como un Plan B del Gobierno frente a la crisis internacional- fue cocinada a fuego lento en las usinas del kirchnerismo, que aguardaron el retorno dela Presidenta de su gira por Africa para que la diera a conocer cuando comenzaban a llover las críticas a la lentitud oficial.
Lo cierto es que la reacción gubernamental tardó en llegar porque partió de un diagnóstico incorrecto: la jefa de Estado había asegurado meses atrás que la crisis financiera internacional constituía "una oportunidad" para la Argentina, que llegaba en mejores condiciones para afrontarla que en otras ocasiones.
Pero fueron pasando las semanas y lo que comenzó como un grave problema para las economías centrales se fue expandiendo en forma previsible sobre los países emergentes, que por efecto de la globalización no podían quedar inmunes a semejante tembladeral en los Estados Unidos y Europa.
Fue cuando comenzaron a registrarse en el país los primeros despidos y suspensiones de trabajadores -especialmente en sectores como el automotriz y el cárnico-, lo que obligó al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, a exigir una respuesta del Gobierno luego de haber minimizado ostensiblemente el problema.
Ahí percibió el ex presidente Néstor Kirchner una luz de alarma, cuando el abogado de la central obrera, Héctor Recalde, reveló que trabajaba en un proyecto para instaurar la triple indemnización por despido. El titular del PJ no estaba de acuerdo con esa iniciativa, pero tampoco podía salir a desacreditarla.
Se mostró junto a Moyano en su reelección al frente del Sindicato de Camioneros y por lo bajo le anticipó que se preparaba un paquete de medidas para mantener el nivel de actividad económica y preservar el empleo. En cambio, no le dijo una sola palabra sobre el controvertido proyecto de Recalde.
Igualmente, los gremios tuvieron hasta último momento cierta expectativa en que el paquete de medidas incluyera alguna mención a las indemnizaciones. Finalmente eso no ocurrió, pero ahora no faltan voceros que aventuren que de aquí a fin de año Moyano podrá exhibir alguna "buena noticia" para la CGT.
Las primeras reacciones
La oposición no recibió bien las medidas: Elisa Carrió advirtió sobre los peligros del blanqueo de "dinero negro" y detrás de ella plantearon sus dudas los radicales y los socialistas. Distinta fue la postura, en esta oportunidad, del ex presidente Eduardo Duhalde y por extensión de su aliado Francisco De Narváez.
Ambos destacaron la creación del Ministerio de la Producción, que había sido eliminado por Kirchner tras el interinato del propio Duhalde y cuya filosofía abreva, en rigor, en el ideario productivista del peronismo, que en su versión moderna propicia la articulación entre el capital y la fuerza de trabajo.
"Ya quedamos muy lejos de aquel ´combatiendo al capital´ de la marcha peronista", reconoció un influyente operador del mundillo justicialista luego de que la propia Cristina Kirchner resaltara las bondades de esa "articulación" entre el Estado, las empresas y los trabajadores ante los industriales de la UIA.
También dio la sorpresa el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, quien a contramano de la postura del Partido Socialista conducido por Rubén Giustiniani consideró positivo que se haya reflotado el Ministerio de Producción y que la Casa Rosada haya presentado al fin un plan para hacer frente a la crisis.
En lo que todos coincidieron, de todos modos, fue en cuestionar que el Gobierno volviera a lanzar medidas sin realizar consulta alguna a los sectores interesados, apelando a la misma cerrazón que lo caracteriza desde que llegó al poder en 2003 y que más de una vez le provocaron fuertes dolores de cabeza.
Contratiempos que, además, fueron muchas veces más importantes que el rédito político que pudiera cosechar el efecto sorpresa de una medida definida entre cuatro paredes.
En el centro del ring
Más allá de estas cuestiones, que ponen el acento en el decisionismo kirchnerista, lo cierto es que el Gobierno volvió a ubicarse en el centro de la escena política, justo cuando la oposición se apresta a tejer alianzas más amplias que las que el oficialismo tuvo que enfrentar en los últimos años.
En las puertas de un 2009 eminentemente electoral, el kirchnerismo dio así otra muestra de que piensa plantarse en el medio del ring, aún corriendo el riesgo de que le conecten algún golpe que lo haga tambalear y que lo coloque luego a la defensiva, en situación de "aguantar la parada" hasta 2011.
Pero se siente fuerte desde la estatización de los fondos de las AFJP, que le permitirán financiar no solamente el megaplan de obras públicas por más de 70 mil millones de pesos anunciado en el paquete anticrisis, sino también asistir a sus aliados políticos en los cuatro puntos cardinales del país.
Así lo entendieron los intendentes de la Federación de Municipios, que rápidamente salieron al ruedo con un comunicado en el que destacaron especialmente el plan de obras públicas, verdadero punto de encuentro entre la Casa Rosada y los jefes comunales en los últimos años de poder centralizado.
Habrá que ver, no obstante, si el Gobierno podrá sacar rédito político de esas obras el año próximo, cuando deberá someterse al veredicto de las urnas, o si terminan primando otros factores a la hora en que la sociedad tenga una nueva oportunidad de manifestar su humor político.
mspezzapria@noticiasargentinas.com
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atrás que la crisis financiera internacional constituía "una oportunidad" para la Argentina, que llegaba en mejores condiciones para afrontarla que en otras ocasiones.
- "Ya quedamos muy lejos de aquel ´combatiendo al capital´ de la marcha peronista", reconoció un influyente operador del
mundillo justicialista luego de que la propia Cristina Kirchner resaltara las bondades de esa "articulación" entre el Estado, las empresas y los trabajadores ante los industriales de la UIA.
