El transporte público de colectivos constituye una permanente fuente de preocupación para una parte importante de los vecinos de la ciudad de Campana, sobre todo para aquellos que imperiosamente necesitan de él en su traslado cotidiano.
Los afectados por el mal servicio son las personas con menores ingresos, dado que los demás, poseen un vehículo propio, o pueden acceder a uno alquilado contratando un remís.
Todos aquellos cuya memoria alcanza a algunas décadas anteriores, advertirán que el servicio de transporte de colectivos siempre fue pésimo para consolidarse con el paso del tiempo en crónico, y pese al cambio de los sucesivos gobiernos ninguno dio una real solución al problema como para que el pasajero pudiera experimentar una sensible mejora del servicio con un traslado a destino rápido, confortable y puntual.
La problemática la sustancia sigue siendo la misma de siempre.
Los colectivos destinados al servicio poseen una antigüedad en su parque automotor superior a los diez años, con todos los problemas que acarea por el normal desgaste de las unidades por el uso permanente. Es por ello que los colectivos se rompen y no llegan a destino; muchas de las unidades carecen de calefacción, sus vidrios y algunos techos están rotos, ni que hablar de aire acondicionado; el estado de la limpieza es deplorable y su confort interior en cuanto al mal estado de los asientos solo es superado por una mayor cantidad de pasajeros que deben viajar parados durante gran parte del trayecto.
A los fines de tornar rentable la explotación comercial, la empresa signataria del servicio ha debido recurrir a la modalidad de diagramar los traslados con largos recorridos, que pasean al usuario por un interminable viaje antes de llegar a destino, y dado el número insuficiente de unidades, la empresa ha debido espaciar la cantidad de micros en horarios diurnos mas extendidos que resultan inexistentes en las horas de oscuridad.
Frente a semejante cuadro de situación son visibles los perjuicios que sufren los obligados usuarios, sobre todo aquellos que por la enorme distancia de sus domicilios se ven sometidos a la penuria de ver consumido el tiempo de su descanso, debiendo soportar con estoica paciencia estos males por carecer de dinero suficiente para optar por otro medio de transporte.
El problema carece de solución bajo el actual sistema de monopolio, dado que desde siempre impera en el servicio la rígida intervención municipal cuando debería regir la libertad comercial.
El llamado a licitación en la concesión de éste servicio no solo comprende entre otros, el número de unidades y los años de antigüedad en los modelos de ellas, sino que se le impone a la empresa que resulta concesionaria, los recorridos, horarios y fijación de precio del boleto con severo cuidado del precio que el usuario va a pagar.
Si bien como principio de declaración de buena voluntad parecería acertado que un funcionario del estado municipal se erija en custodio del dinero que pagarán los usuarios para cuidarle el bolsillo, las buenas intenciones declamadas no alcanzan, si consideramos que los resultados del servicio de transporte son desastrosos, y que los usuarios, frente a la ausencia de competencia, solo adquieren un traslado de mala calidad, es decir pésimo, por el cual el pasajero termina pagando un boleto extremadamente caro si consideramos los inconvenientes que debe soportar.
La solución del problema no pasa por el actual sistema de concesión monopólica, donde el gobierno termina imponiendo a la empresa condiciones comerciales desventajosas que le impiden brindar un buen servicio.
Si el costo del boleto del transporte local autorizado por el gobierno es actualmente de $ 1,20 o de 0,90 ctvs., según el recorrido, se nos impide saber si con un precio libre con poca diferencia significativa podríamos tener un servicio de transporte en competencia de mejor calidad; rápido, frecuente, cómodo y puntual.
Es evidente que los resultados del actual sistema son tan desastrosos, que pese a la eventual defensa que quieran ensayar sus partidarios, quedamos eximidos de tener que efectuar cualquier demostración de lo dicho.
Pero la crítica no queda mas que en el lamento de tener que seguir soportando el problema si no se efectúa una propuesta alternativa, por lo que entendemos que solo la libertad comercial se muestra superior a la regimentación impuesta por cualquier gobierno, ya que los funcionarios que deciden nada saben sobre la problemática real del transporte y su aspecto comercial como para tornarlo eficiente como para procurar un servicio de buena calidad.
El sistema debe ser libre y el Estado Municipal solamente debería limitarse a controlar determinadas condiciones que hacen a la higiene, la seguridad técnica y pólizas de seguros y un mínimo en la prestación del servicio. Cualquier empresa o particular debería poder desarrollar la actividad del transporte sin que para ello se le exigieran otros requisitos que reunir ciertas condiciones mínimas en cuanto al año de los modelos de colectivos, su condición de funcionamiento técnico debidamente certificado, contratación de seguros de automotor y transporte de pasajeros en Compañías de sobrada solvencia y conocida responsabilidad, acreditación de choferes probadamente experimentados y respetuosos de las normas de tránsito por medio del control de antecedentes, e higiene en cada unidad.
Todas las demás condiciones, rutas o trayectos diagramados para los colectivos, frecuencia del paso de los mismos, horarios de viaje y precio del boleto de transporte deben ser establecidos y fijados por cada empresa o línea de colectivos que quiera instalarse en nuestra ciudad.
La libertad en el ejercicio de la actividad, sujeta solamente al cumplimiento y presentación de los requisitos mínimos de exclusiva verificación del Estado Municipal para acceder al otorgamiento de la respectiva habilitación, complementados con la simple comunicación al expediente administrativo de las condiciones en que desarrollará el servicio de transporte local, permitiría la competencia entre las distintas empresas inversoras, que para conseguir el transporte de un mayor número de pasajeros ofrecerían a los usuarios el mejor precio posible, y por ese precio la mejor calidad.
Ello determinaría que si una empresa sube demasiado el precio del boleto respecto de otra empresa competidora prestando un mal servicio, el público usuario tomaría el colectivo de la empresa competidora y aquella que cobra caro se vería obligada a bajar el precio o prestar un mejor servicio, o desaparecería como tal.
La existencia de una desregulación en el transporte municipal de pasajeros de colectivos en donde impere la mas amplia libertad comercial entre las empresas y los usuarios beneficia al vecino, ya que las empresas que compiten siempre intentan ofrecer un menor precio, una mayor frecuencia de paso de colectivos en las paradas, mejores unidades para la comodidad de los pasajeros, un servicio limpio y una rigurosa puntualidad. Si alguna de ellas así no lo hiciere, el usuario con su dinero frente a la competencia de varias empresas pude elegir y pagar el precio del boleto de aquella otra empresa que le ofrece un costo mas bajo y/o una mejor calidad, situación que coloca al pasajero en el único autorizado para decidir con su dinero a que empresa premiar.
Donde existe una posibilidad de realizar un negocio que de ganancias, siempre hay personas o empresas dispuestas a invertir, si las condiciones las fijan los usuarios y la empresa con cada contratación individual y se establece un marco de seguridad jurídica respecto del negocio comercial, siempre existirán varios interesados en invertir y desarrollar la actividad, evitando los perjuicios propios del monopolio legal que nos impone el actual sistema, y tanto perjudica al vecino con un servicio caro y de mala calidad.
Guillermo R. Uccella
Junta Promotora del PRO
Campana
