Buenos Aires (Especial de NA) -- Más allá de lo que diga el Gobierno, el proyecto de ley para la "regularización impositiva y repatriación de capitales" entreabre la puerta para el lavado de dinero y el financiamento del terrorismo y opaca el protagonismo argentino en otras cuestiones vinculadas con los delitos transnacionales.
Si bien la iniciativa que el oficialismo intentará aprobar la semana próxima en Diputados aclara que el blanqueo de activos "no liberará" a los interesados de cumplir con la legislación contra el lavado y el terrorismo, en otro artículo se expresa claramente que tampoco "estarán obligados a informar a la AFIP de la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas".
Atento a esta cuestión el gobierno estadounidense, en su cuestionado rol de guardián contra el terrorismo, anticipó que sigue con preocupación el avance del proyecto.
Claro que una recaudación, que según algunas estimaciones optimistas del oficialismo, podría alcanzar los 10 mil millones de pesos por las operaciones de blanqueo, parecen pesar más a la hora de enfrentar una crisis sin techo a la vista.
El nuevo debate coincidió con la sesión en Buenos Aires de un seminario del Grupo de Acción Financiera Internacional para América del Sur (Gafisud), filial del órgano universal encargado de promover la lucha contra esos dos delitos internacionales.
Los delegados de una decena de países -incluido enviados de Estados Unidos- debatieron sobre las metas establecidos a los distintos miembros y comenzaron a mirar de reojo la normativa que pretende aplicar la Argentina.
El año próximo el GAFI hará la tercera evaluación sobre el país, cuando justamente estará comandado por Brasil, mientras que la Argentina se acaba de hacer cargo de la filial sudamericana.
Un documento del Gafisud de 2004 revelaba un sinfín de incumplimientos argentinos a las 40 recomendaciones que la matriz internacional hace a los integrantes de la organización. Algunas de esas premisas se fueron cumpliendo y otras quedaron pendientes.
Por lo pronto, se sancionó una ley contra el lavado de dinero del narcotráfico y Néstor Kirchner creó una agenda nacional contra el lavado y el financiamiento del terrorismo, con 20 objetivos generales contra esas formas delictivas.
Una de las falencias que señalan los expertos es la falta de una policía financiera judicial e independiente que investigue los circuitos de lavado.
Pero este proyecto de ley vuelve a poner en foco a la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de supervisar estas cuestiones, que investigó 2.851 casos de movimientos sospechosos de divisas, abrió 165 causas judiciales, aunque aún no logró ninguna condena por este tipo de delito.
Ante esa aparente falta de control, el titular de la UCR, Gerardo Morales, solicitó al procurador general de la Nación,
Esteban Righi, informes sobre las actuaciones de la UIF y de las operaciones de lavado de dinero que están para ser analizados en el Ministerio Público Fiscal desde 2002.
La contracara
Estas filtraciones para el lavado de dinero difieren de los avances registrados por la Argentina en otras facetas del crimen organizado internacional -con alguna vinculación menor o mayor al terrorismo- como son el narcotráfico y la lucha contra la proliferación nuclear o de armas químicas.
En el primero de los aspectos, el Gobierno dio forma -de urgencia- a un acuerdo de cooperación con México, teniendo en cuenta la irrupción de narcos en territorio nacional para el desarrollo de precursores químicos destinados a la fabricación de drogas sintéticas, como el éxtasis.
En cuanto a la no proliferación nuclear el rol argentino es más destacado. El propio director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de la ONU, el egipcio Mohamed El Baradei lo resaltó hace exactamente un año al visitar INVAP, la empresa estatal de construcción de reactores.
También hace un año Estados Unidos invitó a la Argentina, único país en Sudamérica, a formar parte de la Iniciativa Global para combatir el Terrorismo Nuclear, y este año fue el único país en renovar su sillón en la junta de gobernadores de la AIEA.
Además de velar por la no proliferación nuclear, la junta de Gobernadores se abocará el año próximo a elegir al sucesor de
El Baradei, quien ocupa el puesto desde 1997 y ya ha dejado claro que no optará por otra reelección.
Según informó la agencia EFE, hasta el momento las únicas candidaturas oficiales para el puesto son la de Japón, que propuso a su representante permanente ante el AIEA, Yukiya Amano, y de Sudáfrica, que postula a su embajador Abdul Minty.
Pero fuentes diplomáticas deslizaron en Viena que otros posibles candidatos son el actual número dos del organismo, el finlandés Olli Heinonen, y el argentino Rogelio Pfirter, director general de la organización para la prohibición de las armas químicas (OPAQ) en La Haya.
Precisamente la permanencia de Pfirter, un diplomático de carrera al frente de otro organismo relevante de la ONU, que reúne a 184 países y cubre el 98 por ciento de la superficie de la tierra, muestra el protagonismo argentino en la materia.
"Para orgullo de nuestro país la Argentina tiene una tradición importante en la promoción de la paz y de la seguridad en todos los campos vinculados con lo nuclear, lo químico y lo biológico y de respaldo a los tratados internacionales", sostuvo
Pfirter desde La Haya donde desempeña su rol en diálogo con Noticias Argentinas.
Pfirter cumple su segundo mandato de cuatro años que concluirá a mediados de 2010. "Es una satisfacción ser nombrado para suceder a El Baradei, pero no tengo la menor idea sobre esa postulación", expresó. Para que Pfirter sea considerado, debería ser promovido por el Gobierno.
gprofiti@noticiasargentinas.com
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- Una de las falencias que señalan los expertos es la falta de una policía financiera judicial e independiente que investigue los circuitos de lavado.
- En cuanto a la no proliferación nuclear el rol argentino es más destacado: el propio director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) de la ONU, el egipcio Mohamed El Baradei lo resaltó hace exactamente un año al visitar INVAP, la empresa estatal de construcción de reactores.
