"Desde la asunción del precedente y el actual gobierno advertimos que los argentinos estamos acostumbrados a escuchar distintos anuncios que en la practica jamás se concretan.
Agotada su capacidad de absorción nuestra sociedad se muestra indiferente frente a tantos anuncios propagandísticos que no superan la etapa de los enunciados, ni poseen otra mira que el impacto mediático de una gestión ausente.
Valgan unos pocos ejemplos como recordatorio de los tantos enunciados que la memoria es incapaz de retener por su elevado número, tales como la inversión de veinte mil millones de dólares que la República Popular China iba a efectuar en nuestro país, el tren bala, la puesta en funcionamiento de la central termoeléctrica de la ciudad de Campana, el gasoducto Caracas Buenos Aires, y tantos proyectos irrealizados.
Ahora el anuncio de la semana consiste en la acción que implementaría el Gobierno Nacional por la cual con el dinero de todos financiaría a una tasa de interés menor que la de mercado, a todas aquellas personas que deseen comprar su primer automóvil.
Tal como lo han informado desde el gobierno este subsidio esta destinado a favorecer a aquellas personas que no pueden acceder a la compra de un automotor y a reactivar la producción nacional.
En primer lugar cabe señalar que la mitad de las autopartes, componentes de los posibles automotores, o los automotores a financiar son de origen brasilero, circunstancia por la cual la mentada reactivación de la industria nacional solo favorecería a nuestra industria en el mejor de los casos en un cincuenta porciento del monto destinado a subsidios y en el otro caso en nada. Entonces sin mucho andar advertimos que el impuesto o el dinero de los argentinos, de una u otra forma, en gran medida está destinado a reactivar la industria de una potencia extranjera.
Algunos podrán argumentar que Brasil ha implementado una medida similar, que en una parte también favorece a nuestra industria. Sin embargo esta medida implementada por la República Federativa del Brasil en forma unilateral no exige ni impone nuestra correspondencia. La Nación Argentina es soberana y solo el pueblo a través de sus representantes se halla facultado para decidir si quiere favorecer la economía de otra Nación, facultad que no le corresponde al poder ejecutivo que es quien lo ha resuelto sino al Congreso Nacional. Si ellos en forma unilateral lo hacen es porque nuestro mercado es tan pequeño en comparación con el de ellos que la parte destinada a subsidiar nuestra industria no es significativa y en poco incide frente al beneficio que los gobernantes de ese país entienden producir a su propia industria.
Mas allá de esta disquisición entendemos que la utilización del dinero aportado por los argentinos que el gobierno destinaría a subsidios trae como consecuencia la ineficiente asignación de los recursos que consumen la riqueza nacional y conducen a la pobreza del pueblo.
Siempre advertimos que en todas las medidas de éste gobierno se hace una diferenciación en el trato y los beneficios que reciben los ciudadanos, convirtiendo a unos en privilegiados a costa del sufrimiento de los demás. Cuando se otorgan privilegios a algunos integrantes de la población, dado que los recursos siempre son escasos e insuficientes para el todo, los beneficiarios favorecidos son unos pocos respecto de la masa total de la población que no accede y no los recibe. Entonces se le quita el dinero a muchos para darles algo a unos pocos privilegiados. No es acaso que nos rige un sistema de gobierno republicano donde impera LA IGUALDAD frente a la ley. Pues evidentemente NO. Pese a la perorada igualdad democrática de los discursos gubernativos existen ciudadanos de primera al cual el estado les regala un beneficio y ciudadanos de segunda que deben soportar las consecuencias de tal empobrecimiento.
Donde debería imperar la igualdad frente a la ley esta no impera, y la inmoralidad del perverso sistema convierte a unos en ricos a costa del empobrecimiento de los demás. Ello sin entrar a discutir quienes son los beneficiarios de un acto de gobierno semejante, ya que él se presta a la corrupción al momento de su otorgamiento, y donde un gobierno acusado en repetidas oportunidades de escandalosos hechos de corrupción, siempre ha tenido la conducta de hacer caja y beneficiar a sus partidarios con el solo objetivo de asegurarse la continuidad en el poder.
Si se otorgan subsidios a algunos privilegiados es porque se le ha quitado al resto del pueblo mas dinero del necesario, empobreciéndolo en igual proporción. Ese dinero que se le ha quitado, aunque el ciudadano común no lo advierta, se resta del consumo y de la inversión. En uno y otro caso ello significa que algunas industrias venderán menos de lo que habrían vendido si el gobierno no se hubiera apropiados de esos recursos, y por lo tanto habrá menos salarios y menos empleo para los obreros de esas industrias que habrían vendido mas productos de los que ahora van a vender, teniendo así menores ventas los comerciantes que ofrecen esa mercancía al público, y por consiguiente un menor nivel de empleo y menores salarios en esos ramos de la industria y del comercio.
Si alguien piensa que al favorecer a esos pocos en su actividad productiva, comercial y de empleo, compensa la actividad general y por ello la economía no decae, ya que una rama de la industria compensa a la otra comete un grave error, ya que para conseguir la reactivación de un rubro que no es demandado por el público es necesario subsidiar la tasa de interés a un valor menor. De manera tal que una buena parte del monto total con el que se destina a pagar la diferencia existente entre el interés que se ofrece como subsidiado y el interés de mercado es riqueza que se consume y se agota sin beneficio general. Si hoy el interés normal de financiación es del orden del 24 % y el subsidiado es hipotéticamente como el índice falso del INDEC del 10 %, la diferencia entre ambos, o sea el 14 % lo paga el pueblo de su bolsillo privándose del dinero que en forma directa o indirecta habría recibido de no habérsele quitado al pueblo el dinero para tal subsidio.
El Estado nunca debe quitar en impuestos mas dinero que el indispensable para atender los servicios básicos que le son propios a su función, y menos aún sustituir la actividad de los particulares que emplean en forma mas eficiente la riqueza, ya que cuando se le quita al pueblo mas de lo necesario para favorecer a unos pocos en perjuicio de los demás, al final del proceso nadie resulta favorecido porque la economía ha crecido menos o se ha parado, y los propios beneficiarios de los subsidios en la próxima etapa recibirán un salario menor como consecuencia de la caída de la actividad general y en consecuencia no podrán pagar los prestamos subsidiados que recibieron, arrastrando a todos los demás con el quebranto del mal negocio a la economía nacional".
Guillermo R. Uccella
Junta Promotora del PRO Campana
