La Plata (especial para NA)-- Apenas despuntado el nuevo año, la cuestión de los recursos con que contará el Estado bonaerense para encarar este ejercicio se está instalando otra vez con la fuerza de las preocupaciones dominantes. Y de su mano, resurgió el planteo por la distribución de los fondos impositivos nacionales; un tema que, para quienes siguen de cerca la problemática estructural del financiamiento de la Provincia, constituyó una de las mayores decepciones del año que pasó.
La "injusticia" del esquema de coparticipación federal de impuestos figura en los primeros lugares de los grandes problemas crónicos de la Provincia. No resulta, por cierto, ninguna novedad, desde que a mediados de la década de los 80 el Estado bonaerense perdió, en ese reparto, varios puntos que tornaron definitivamente desproporcionadas las relaciones entre lo que recibe el Estado bonaerense y múltiples variables clave, en comparación con los totales del país y lo que perciben otras provincias.
La cantidad de habitantes (es decir, de pacientes de hospitales, de alumnos, de ciudadanos que requieren seguridad, etc.); los índices de pobreza y de carencias históricas de infraestructura básica (cloacas, agua corriente, rutas y calles asfaltadas, puentes, transporte, entre tantas otras); pero también los niveles de producción rural, industrial y de servicios (en suma, su contribución a la riqueza nacional) y su aporte al volumen total de recaudación impositiva del país, son factores que, en todas las comparaciones, hablan de una provincia que da muchísimo más de lo que recibe y de lo que necesita. Para no cansar con números y decirlo muy resumidamente, si se trata de población y de necesidades estructurales, la provincia de Buenos Aires representa entre el 35 y el 40 por ciento del total del país, y si se trata de aportes a la actividad económica y a los ingresos, también; pero en el reparto de la torta de fondos su porción ronda apenas el 20 por ciento.
CADA VEZ PEOR
Pero no se trata sólo de una vieja injusticia. Desde siempre insuficientes, los recursos con que cuenta la Provincia, entre propios y coparticipados, se han visto crecientemente superados en los últimos años por una demanda cada vez mayor de servicios públicos básicos. Y ese desfase, sumado a una burocracia en auge y a administraciones que no siempre se caracterizaron precisamente por "gastar bien", ha derivado en déficits que se fueron agigantando ejercicio a ejercicio y fueron aumentando, por lo tanto, en magnitudes preocupantes el endeudamiento de la Provincia.
La discusión por los recursos suele politizarse. Y aparece entonces como una pulseada entre gobiernos y, más concretamente, como un problema de los gobernantes, de los políticos. En la práctica, los tironeos por los fondos entre las administraciones de la Nación y de las provincias tienen, en efecto, directa relación con el poder político que implica el manejo de los presupuestos; un poder que puede verse incrementado o menguado fuertemente según la disponibilidad con que cada uno cuente en las arcas públicas. Según las afinidades o los desencuentros políticos, las disputas por el reparto de fondos pueden ser amplificadas de manera altisonante o acalladas hasta resignar derechos. Y en ese panorama, suele desdibujarse que son los Estados -no los gobiernos- los acreedores de los recursos y que son los ciudadanos -en el caso que nos ocupa, los bonaerenses- quienes aportan los fondos y quienes padecen las eventuales discriminaciones que se cometan en el reparto.
Así, la "injusticia" histórica de la distribución de la coparticipación con los bonaerenses cobra cada vez más relevancia -e importancia concreta y tangible- en una provincia que ve agigantarse sus necesidades de obras y servicios, su saldo en rojo y su deuda.
DE LA EXPECTATIVA A LA DECEPCION
En ese contexto, el impulso que le dio el ex presidente Néstor Kirchner al tema, planteando primero ante dirigentes bonaerenses y luego en público que la Provincia "debe recuperar los puntos perdidos" de coparticipación, reavivó el reclamo, que públicamente estaba adormecido -en forma reservada, hubo gestiones todo el año para mejorar la participación en el impuesto a las Ganancias-, y generó expectativas. Tras ese puntapié, el gobernador Daniel Scioli apuntaló el planteo y señaló una oportunidad concreta de empezar a modificar la situación: a fines de octubre pidió que se debatiera puntualmente el índice de reparto entre la Nación y las provincias del impuesto al cheque, ya que el gravamen debía ser prorrogado antes de fin de año por el Congreso.
Sin embargo, cuando llegó la hora de la verdad, el Ejecutivo nacional envió el proyecto de prórroga del impuesto al cheque con los mismos porcentajes de distribución; y ningún diputado ni senador del oficialismo bonaerense planteó una reforma en beneficio de su provincia, es decir, de sus representados. No se supo, tampoco, que el Ejecutivo provincial hubiera reclamado que "sus" legisladores pidieran cambios en la iniciativa de la Casa Rosada.
El año en que se reinstaló el reclamo bonaerense por la coparticipación terminó, así -aunque una reforma al impuesto al cheque no alcanzaría para cambiarle la vida a la Provincia-, con la decepción de ver que se dejó pasar, sin chistar, una oportunidad en la que se podría haber demostrado al menos que no es meramente declarativa la voluntad de cambiar esa realidad.
En la semana que pasó, sorprendió, sin embargo, el gobierno provincial con una reinstalación del reclamo, a cargo del ministro de Justicia, Ricardo Casal, calificando de "injusto" el reparto de fondos nacionales. Curiosamente, volvió a apuntar al impuesto al cheque, cuando hace apenas unas pocas semanas que se desperdició esa oportunidad.
Un panorama financiero preocupante para este año está en la base de esa reinstalación. La Provincia tiene determinado en su
Presupuesto 2009 un rojo de 7.800 millones de pesos, pese a que ese cálculo no prevé aumentos salariales que ya comenzaron a ser reclamados por docentes y estatales. Y las posibilidades de obtener financiamiento -aunque sea al costo de agrandar el endeudamiento- son inciertas.
¿Será este año electoral, en el que el oficialismo nacional apostará su suerte en la provincia de Buenos Aires, el año de la reforma de la coparticipación?
