La Plata, (especial para NA) La inseguridad, para los del Conurbano; la crisis del campo, para los del interior; y la paralización de la obra pública, para todos.
Esos son los factores que conforman, para los dirigentes peronistas bonaerenses, una especie de Triángulo de las Bermudas, en el que -admiten- el oficialismo puede perder este año el invicto electoral en esta provincia.
Por eso, ya comenzaron a plantear ante las administraciones de Cristina Kirchner y de Daniel Scioli que las problemáticas de la seguridad y del sector agropecuario deben ser "prioridades absolutas"; y que el reinicio "masivo" de la obra pública debe funcionar como un "complemento imprescindible".
En rigor, los intendentes del gran Buenos Aires plantean la inseguridad como una preocupación que excede la cuestión electoral y afecta su imagen y sus gestiones, en la medida que la ciudadanía les exige de manera creciente que se "hagan cargo" de reclamar -y conseguir- medidas concretas que mejoren la tarea policial en sus distritos.
Una inquietud similar anida en los jefes comunales del interior con relación a la situación que atraviesan todos los sectores de la producción rural. No es casual que entre los mecanismos elegidos en estos días por los ruralistas bonaerenses para volver en breve a la protesta, figuren las manifestaciones ante los palacios municipales.
Pero justamente por su densidad y por su incidencia indirecta pero gravosa sobre las gestiones locales, es que las problemáticas de la seguridad y del campo adquieren una altísima significación en el escenario electoral.
INSEGURIDAD EN EL CONURBANO
No lo dicen en público. Pero en forma reservada los referentes peronistas señalan que el gobierno nacional "también tiene responsabilidad" en materia de seguridad. La mayoría no oculta, en ese marco, su rechazo a la despenalización de la tenencia de droga para consumo que impulsa la administración Kirchner. "El que propone eso no tiene ni idea de los estragos que está haciendo el paco", reprochan.
Con todo, los intendentes del Conurbano consideran que la clave de esta problemática es el accionar de la Policía provincial, al que califican de insuficiente e ineficiente. Ya elevaron incluso un pedido concreto al ministro Carlos Stornelli.
Además, piden la duplicación de las cuadrículas -es decir, de la cantidad de patrulleros- y un centro de monitoreo satelital de los vehículos en cada distrito, a cargo de funcionarios provinciales y de las comunas.
Plantean, en suma, una municipalización del control sobre la Policía, en particular sobre su tarea preventiva en las calles.
Por lo demás, un hombre que desde el 22 de diciembre continuaba cautivo al cierre de esta edición, y los indicios firmes de la participación de una banda de policías en ese secuestro, han profundizado -si es posible- la preocupación de la sociedad bonaerense en torno de la inseguridad, y han marcado duramente el comienzo del año -electoral- en esta materia.
Scioli no había asumido en la Gobernación cuando ya había definido públicamente a la inseguridad como el "principal problema" y "la primera prioridad" de su gestión.
No hay distancias entre el Gobernador y los jefes comunales en cuanto a la magnitud y la relevancia que le asignan a la cuestión. Pero en los distritos creen que se imponen cambios estructurales y aguardan -desde hace dos meses- una respuesta del ministro Stornelli al pedido de saturar las calles con patrulleros y policías y compartir el control con el poder municipal.
CRISIS EN EL INTERIOR
En el campo bonaerense, la peor sequía en siete décadas ha llevado a niveles críticos la situación de tamberos, ganaderos y productores de granos que, de cualquier modo, no se cansan de subrayar que los problemas de fondo del sector son previos a este devastador fenómeno climático y pasan por las políticas de precios, impositivas y de comercialización -sobre todo, las referidas a las exportaciones- de la Casa Rosada.
Los intendentes del interior dicen que el malestar que sus comunidades -sus votantes- acumularon con el gobierno nacional en la primera mitad del año pasado por el conflicto que desató el aumento de las retenciones, no cedió luego del voto no positivo de Julio Cobos.
En aquel momento los jefes comunales peronistas fueron alcanzados de lleno por aquella bronca, y aunque sostienen que su relación con los vecinos ha mejorado, no ocultan su preocupación por las eventuales derivaciones electorales de la grave crisis en que la sequía terminó sumergiendo a la producción agropecuaria.
De ese cuadro de situación tomó nota la Gobernación. Tras haber mostrado una sintonía monolítica con la Casa Rosada durante el conflicto del año pasado, Scioli inició el 2009 con gestos crecientes de comprensión de la crisis del campo y una profundización de las medidas que puede aportar el Estado bonaerense.
Y el martes último, un día antes de que la presidenta anunciara nuevas medidas, avanzó: el sector "tiene razón" en "muchos de sus reclamos", dijo, señalando incluso su "esperanza" de que se aplicara una baja en las retenciones a la soja. "Mirá que en cualquier momento llueve", dicen que le dijo Cristina Kirchner. Pero un día después de los anuncios -sin cambios en ese gravamen-, el Gobernador sobrevoló parte de la región afectada por la sequía.
A integrantes de su gabinete les dijo que era "indescriptible" lo que había visto y ratificó públicamente aquello de que "el campo tiene razón", incluido el pedido de "menos retenciones".
La duda de la dirigencia de la Provincia es cómo reaccionará la Casa Rosada, en cuyas manos están las medidas troncales que reclama el campo.
La tercera cara del triángulo de las Bermudas se completa para los dirigentes bonaerenses, como se dijo, con la paralización de la obra pública. Todos los intendentes peronistas escucharon ya, de boca de Néstor Kirchner, la lista de trabajos que se harán en sus distritos. Que "estén terminadas a más tardar para julio", plantean mientras repasan esas nóminas.
