El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó y giró a Diputados para su tratamiento un proyecto mediante el cual se reemplazará al Decreto Ley Nº 10.072/83 -y decreto reglamentario 1360/72- que supone una adecuación del rol del Registro Provincial de las Personas.
La normativa de funcionamiento de estos entes se ajustará a la vigente según la norma nacional, que extiende el plazo de inscripción por nacimiento a 20 días e incorpora la figura de inscripción de oficio, en pos de garantizar el derecho a la identidad del recién nacido. Por otra parte, la registración del estado civil y la capacidad de los ciudadanos comprenderá todos los actos y hechos que den origen, alteren o los modifiquen, y corresponderá al Registro proporcionar los datos necesarios para que se elaboren las estadísticas vitales, en lo referido a nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, filiaciones y adopciones.
"Los sectores más vulnerables son los que principalmente se van afectados y a los que pretendemos resarcir con esta medida, pero en verdad no podemos desconocer lo que significa el derecho a la identidad para todos los habitantes nuestro territorio. La ausencia de documentación acarrea problemas serios en el acceso a otros derechos, como la educación, la salud, el trabajo y todo lo que haga al desarrollo íntegro de las personas", explicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Roberto Ravale.
La legislación sancionada agrega también el sistema de identificación binominal (madre-hijo), que tiene por objeto asegurar a las personas su identidad y la indemnidad del vínculo materno filial. Según contemplan los fundamentos del proyecto, es necesario dotar al Registro de las Personas de los medios adecuados y de las herramientas necesarias que permitan profundizar la consecución de tal objetivo. Por eso se estableció una amnistía en la registración de nacimientos de niños y niñas no inscriptos, aún hallándose en trámite la misma.
"Todo lo referente a la integridad y el libre desenvolvimiento de la ciudadanía es una inagotable fuente de derechos y obligaciones que comienzan tras la concepción, continúan con el nacimiento, siguen con la formación de la familia y concluyen con la muerte. El estado civil de las personas interesa en forma primordial y hace al orden público, entendido como condición básica de toda comunidad jurídicamente organizada", finalizó el senador Ravale, defensor de la propuesta elevada por el Ejecutivo a la Legislatura.
