Buenos Aires (Especial para NA) -- Al denunciar penal y civilmente al grupo de entrerrianos que mantiene capturado el paso internacional de Gualeguaychú a la uruguaya Fray Bentos, el gobierno de Cristina Kirchner volvió a comprar tiempo. Pero la adquisición se le hace cada vez más cara.
Está pagando, ahora mismo, tasas usurarias por su incomprensible negativa a hacer cumplir la ley.
Un gobierno que primero denuncia pero después tiene que firmar de apuro un decreto respaldando esa imputación. Un jefe de Gabinete que se presenta como querellante. Un Ejecutivo que, tras siete años de venir ejerciendo una súper musculosa gobernabilidad, alza los brazos ante el infortunio y se remite a lo que quieren, sepan y puedan hacer los jueces. En el caso de la privatización de facto del puente internacional de Gualeguaychú, la Argentina asombra, desconcierta e irrita.
Si bien el Gobierno condena lo que ahora llama "actitudes radicalizadas" de los piqueteros de Gualeguaychú, en la residencia de Olivos pretenden que despejar un paso binacional copado hace cuatro años se consume ahora de manera lubricada y pacifica, sin necesidad de las más mínima de las exhibiciones de fuerza legal a las que tiene derecho un gobierno legítimo verdaderamente dispuesto a asegurar el imperio de la ley.
Tras la decisión oficial de asumirse como un mero querellante, una risueña sobreactuación de híper legalismo, el Procurador del Tesoro, Joaquín Chango Da Rocha, presentó chapuceramente (o sea sin papeles) las denuncias penal y civil "con nombre y apellido contra aquellos que con su conducta han permitida por acción o por omisión la comisión de delitos". Ante la exigencia del juez Gustavo Román Pimentel, la Presidenta tuvo que emitir un decreto.
El 5 de mayo de 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner se encaramó al podio del corsódromo de la ciudad entrerriana, enalteció a los piqueteros y, acompañado de su esposa, dijo que el corte era "una causa nacional", convalidando desde el mayor cargo político argentino el bloqueo de la circulación en la ruta 136.
En síntesis, cuatro años más tarde de que haya arrancado esta metodología, prácticamente única en el mundo, la Presidenta se constituye como demandante por violación de varios artículos del Código Penal, como entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito. Léase bien: ahora, no hace cuatro años, el Gobierno denuncia por nada menos que 18 delitos a los piqueteros.
Cristina Kirchner también quiere procesar al grupo de quienes mantienen el corte, por atentado al orden público y delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentado al orden constitucional y la vida democrática, sedición, atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento. Imponente colección de delitos, hasta ahora nunca cruzados por un gobierno que pensaba desembarazarse del asunto por mero agotamiento de los piqueteros.
¿Recién ahora el Gobierno descubre que quienes mantienen cerrada la frontera "generaron el cierre de centenares de negocios, pérdida del trabajo del transporte, del turismo y de exportaciones e importaciones, de obstrucciones que impactaron en los pueblos aledaños, de imposibilidad de movimientos de productos argentinos colocados en el Uruguay y de la compra de productos uruguayos que necesitan los argentinos"?
Fue la entonces secretaría de Medio Ambiente de Néstor Kirchner y alumna dilecta del entonces jefe de gabinete Alberto Fernández, Romina Picolotti, quien instó a los cortadores del puente a resistir y les prometió el apoyo de la Casa Rosada "para una causa justa".
Para los académicos Federico Merke y Vicente Palermo, del Club Político Argentino, la querella presidencial revela que en la Argentina "el derecho opera sólo cuando es habilitado por el poder". Explicación contundente: "La Justicia no hizo otra cosa que actualizar órdenes emitidas tiempo atrás y exigir la pronta liberación del puente".
En resumidas cuentas, por una mezcla de impotencia, frustración y un frío propósito de no hacerse cargo de sus responsabilidades, el Gobierno no ha tenido otra idea mejor que "re" judicializar el conflicto. ¿Qué fue lo que no quiso hacer la Presidenta? No quiso condenar fuertemente y sin eufemismos la acción directa, ni tampoco se propuso actuar con la energía que el caso requiere, sobre todo después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya desestimó y negó validez a las denuncias argentinas de que la planta de pasta de celulosa de IPM Botnia contaminaba el río Uruguay.
"Ahora, en cambio, si la notificación no da resultado y la Gendarmería interviene, pasaremos del derecho a la política y de ésta a la violencia en pocas horas, justo lo que el Gobierno quería evitar" presagian, con impecable razonamiento, los profesores Merke y Palermo.
Es, evidentemente, un caso típico de doble discurso. Las cosas, así, no mejorarán con Uruguay. Antes bien, es muy factible que se agraven, cuando ya se esta a punto de acumular un lustro completo de envenenamiento de las relaciones con el mas entrañable e íntimo vecino de la Argentina, la República Oriental del Uruguay, incluyendo la pésima relación que Néstor Kirchner se esforzó por tener con Tabaré Vázquez, socialista y primer presidente del Frente Amplio, entre 1995 y 2000.Los costos de tanto destrato los está sufriendo el segundo frente-amplista en el poder, el ex tupamaro José Mujica.
Lo notable es que desde 2006, la justicia federal argentina dictó tres resoluciones ordenando liberar el tránsito del puente copado. ¿Por qué, entonces, tuvo el juez federal Gustavo Pimentel que dictar esta semana una nueva orden? Porque, como muchísimos jueces, esta subordinado al poder político y ahora le recuerda a la Gendarmería Nacional que si, en efecto, tiene todas las facultades conferidas por la ley procesal para dar cumplimiento a la orden.
Fue hace apenas dos semanas que Cristina Kirchner le aseguró al presidente Mujica que si un juez dictaba la orden de levantar el corte, esto se concretaría. Pero lo que no le dijo la señora de Kirchner a Mujica es que el gobierno argentino se había resistido hasta ahora a cumplir fallos preexistentes. Si hubiera procedido en ese mismo momento, sin desperdiciar tiempo en anticipos perjudiciales, el paso binacional ya estaría rehabilitado.
Pero, absolutamente convencido de que la ley debe ser sometida a los filtros de la política, las decisiones judiciales, incluida la del ubicuo Pimentel, el jefe Fernández proclamó que "el fallo es de cumplimiento imposible".
Estamos ahora en presencia de un intríngulis legal, político y social. El Gobierno ha ido y ha vuelto. Ante cada circunstancia fue tras los acontecimientos. Se ha sobrevalorado, atribuyéndose potencias que no tiene. Primero, legitimo políticamente una medida completamente ilegal.
Ahora, a contrario sensu, la criminaliza y la envía a la justicia. Son acciones que revelan confusión, manejo amateur de temas delicados y poco aconsejable imprudencia para manejar cuestiones tan sensibles. Se ha ganado un récord mundial: para los piqueteros de Gualeguaychú, los Kirchner son "traidores" mientras que para Uruguay, la Argentina devino en imprevisible, agresiva y poco seria. El caso revela que, en este asunto, el Gobierno tantea en las tinieblas y juega con fuego.
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