Buenos Aires, (Especial para NA por Luis A. Gramuglia)- Lo que muchos pensaban que iba a ocurrir, finalmente ocurrió.
El juez federal de Junín, Carlos Compaired, dispuso una veda del tránsito para los vehículos de más de 20 toneladas por los precarios puentes Bailey instalados sobre la ruta nacional 7 en el ingreso a esa importante ciudad del noroeste bonaerense.
Las condiciones de severo deterioro en que se encuentra la estructura instalada hacia fines de 2001 para reemplazar el puente destruído por las aguas del río Salado durante la inundación de entonces, hizo que el magistrado adoptara tal decisión.
Asimismo, ordenó a las autoridades nacionales a que, en un plazo perentorio, se sustituyan los puentes por otro provisorio. Paralelamente, se informó que el 15 de octubre próximo se hará el llamado a licitación de la obra de construcción de dos puentes y accesos en esa ruta.
El presupuesto es de 2,9 millones de pesos y el plazo de ejecución fue establecido en 12 meses. En una longitud de 350 metros se construirán dos puentes paralelos con una longitud de 51,10 metros.
El uso al que fueron sometidos los Bailey durante más de 20 meses hizo que la Justicia debiera intervenir, cuando todo debió haberse resuelto de un modo menos engorroso.
El paso incesante de camiones de gran porte, omnibus de pasajeros, y todo otro tipo de vehículos fue desgastando los puentes, convirtiéndolos en pasos peligrosos, inadecuados para su utilización plena y sin riesgos.
Mientras tanto, se dispuso el desvío de esos vehículos de más de 20 toneladas que podrán usar el camino del puente Macucho que no está en óptimas condiciones.
El tráfico pesado que viene de La Pampa o Mendoza deberá circular por la ruta 188 hasta la 30 y salir a la ruta 7 por Chacabuco para seguir a Buenos Aires y el que viene desde la Capital Federal tendrá que hacer el camino inverso. Señalemos que la ruta 30 está en un estado calamitoso.
Quienes vengan de Bragado o 9 de Julio puede seguir por la ruta 5 hasta Chivilcoy. Allí por la 30 salir a Chacabuco, continuar a Rafael Obligado saliendo a la ruta 188 y ahí seguir para Rosario.
En cuanto a los omnibus de colectivos, con pasaje completo y equipaje, no alcanza al tope fijado por el juez por lo que podrán circular.
Se puede observar lo que significa este problema para una vasta región que moviliza mercadería de origen agropecuario y otras de no menor importancia.
El desvío aumenta costos y, en algunos casos, se debe transitar por rutas que están severamente deterioradas, sin ningún tipo de mantenimiento. Esto es producto de la desidia oficial que dejó pasar el tiempo hasta que la justicia intervino para evitar un estrago mayor. No hay que olvidar que la ruta 7, a la altura de La Picasa, tiene un largo tramo también cortado por el avance del agua desde hace 4 años.
Debemos señalar aquí el valor estratégico de la ruta 7, lo que significa para el transporte de carga y de pasajeros? Mientras tanto, en Junín y la región todavía se esuchan los ecos del paso del presidente Néstor Kirchner a principios de esta semana, oportunidad en la que anunció la adjudicación de obras incluídas en el Plan Maestro de la Cuenca del Salado cuya realización servirá para atenuar los efectos de las cíclicas inundaciones que afectan a vastas regiones productivas.
La iniciativa tuvo una acogida favorable, pero hubo quienes dijeron que querían ver para creer, recordando anuncios de este tipo formulados hace 10 años por el ex gobernador Eduardo Duhalde que no tuvieron una implementación práctica.
En esta oportunidad, está previsto realizar obras hídricas también en las provincias de Santa Fe, Córdoba y La Pampa para que la regulación de las aguas esté inserta en un plan integral.
Sobre el particular el gobernador bonaerense, Felipe Solá hizo hincapié en la importancia de los anuncios vinculados con la «adjudicación para hacer la regulación en las lagunas de Rocha, El Carpincho, nada menos que en Gómez — que para Junín es fundamental— y más arriba la regulación de la Mar Chiquita».
Solá, en este contexto, destacó que se harán «obras de retención aguas arriba que afectan a toda la zona oeste de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa; obras de retención en Córdoba que sí afectan a Junín a través de La Picasa que manda el agua para el lado de El Chañar y para el lado de Lincoln; obras de retención en Santa Fe relacionadas con las inundaciones que se produjeron allí», entre otros emprendimientos. «Este es un ejército que entra con dos columnas, una es la de todo el noroeste y otra es lo que vamos a hacer con el dragado del río Salado desde su desembocadura hasta casi Gral. Belgrano nos obliga a sacar muchos metros cúbicos dragando y cambiar la luz de los viejos puentes que están licitados», agregó.
Todas, en definitiva, son obras demoradas, largamente ansiadas por los productores agropecaurios y los habitantes urbanos de pueblos y ciudades de una enorme región de la provincia de Buenos Aires.
Cada inundación le cuesta al país, en términos de pérdidas productivas y de recuperación de cascos urbanos, verdaderas fortunas que pagamos todos los argentinos.
Si las obras se hubieran hecho en tiempo y forma, tal vez muchos de las catástrofes se hubieran atenuado, hubiesen sido menos severas, la afectación de los bienes materiales de menor magnitud, no se hubieran perdido vidas como ocurrió en algunos de esos eventos.
