Buenos Aires (Especial de NA) -- El cese de comercialización de granos, cereales y oleaginosas, que lanzó la Comisión de Enlace de entidades agropecuarias, en desacuerdo con las medidas oficiales para resolver la situación triguera enfrenta una vez más al campo con el oficialismo.
Los mayores esfuerzos están circunscriptos en lograr el acatamiento al paro desde el sector ruralista, mientras que el gobierno espera que los productores transgredan y negocien su grano.
Uno de los interrogantes en la puja es cuál será la medida de la victoria y si ocasionales operaciones en el mercado de granos significarán una derrota para el agro.
Sin embargo la maquinaria de las cuatro entidades, Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas se lanzó por todo el país a incentivar la participación al cese de comercialización.
Actos y movilizaciones están previstos para reafirmar los motivos que la Mesa de Enlace, luego de arduas discusiones, decidió que respaldaban el paro.
"Por medio de un pomposo anuncio de apertura del total del saldo exportable del trigo, se esconde la mezquindad de mantener la aplicación de cupos absolutamente funcionales a los grupos concentrados de la molinería y la exportación", sostuvieron los dirigentes.
Para el campo, molineros y exportadores "hasta el momento han demostrado no tener ninguna disposición a pagar al productor el mejor precio posible (FAS teórico)provocando una transferencia de recursos casi obscena y de carácter millonario, desde el bolsillo de los productores a ganancias garantizadas de estos grupos".
Alfredo Rodes, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), realizó un estudio donde discriminó el perjuicio que 16 distritos bonaerenses que producen el 36 por ciento del trigo argentino tuvieron por las retenciones ocasionadas por las políticas intervencionistas en el mercado.
En el final del extenso análisis, Rodes evaluó que el productor de trigo argentino, con un rendimiento de 3.500 kilos por hectárea, superior al promedio de la provincia de Buenos Aires y del país, deja de percibir 233 dólares por hectárea en concepto de retenciones (23 por ciento) y 176 dólares por hectárea (17 por ciento), por la distorsión de mercado que provocan las reglas del estado.
"Distorsión esta que detrae el precio en 50 dólares por tonelada", dijo.
Al 29 de diciembre de 2010, partiendo de un precio FOB puertos argentinos de 290 dólares la tonelada, el trigo cotizó en el mercado local 117 dólares menos de lo que debiera valer; es decir a 173 dólares la tonelada.
Para Rodes, el "Generador del Negocio", el "productor que lo siembra asumiendo costo y riesgo, crea una riqueza a distribuir en el país de 1015 dólares por cada hectárea de trigo sembrada, pero se lleva apenas 143 dólares de cada hectárea, el 14 por ciento de lo generado".
"El Estado en su acción (retenciones), y en su omisión (distorsiones) de velar por la transparencia del mercado, al impedir (Roes, cupos, apertura y cierre de registros) la concurrencia simultánea de todos los operadores, se lleva o dilapida el 40 por ciento del producido en esa hectárea, la friolera de 351 dólares", sintetizó.
La primera medida de fuerza del campo argentino en 2011 podrá ser considerada un acto "simbólico" por el sector oficial, especialmente si a su término no se producen respuestas a algunos de los nueve puntos que plantearon los gremialistas rurales, pero la unidad de la Comisión de Enlace habrá pasado con éxito una nueva prueba.
