A ese número llegó ayer, en Campana, con la eliminación de casi 7.000 piezas que estaban en depósitos judiciales. "Es otro paso muy importante para lograr que las armas de fuego estén en poder exclusivo del Estado", dijo el ministro de Justicia, Julio Alak, que supervisó el procedimiento.
Casi 7.000 armas de fuego fueron destruidas en la mañana ayer en la planta de TenarisScrap, con lo que el Gobierno nacional ya superó las 130.000 piezas eliminadas y sacadas definitivamente de circulación en el marco del Plan Nacional de Desarme Civil.
El procedimiento fue supervisado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, responsable del programa, que estuvo acompañado por el titular de la cartera de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal; por el director del Registro Nacional de Armas (RENAR), Andrés Meiszner; por el secretario de Asuntos Registrales de la Nación, Oscar Martini, y por representantes de la Red Argentina para el Desarme, organización no gubernamental que apoya el programa oficial.
El operativo recibió la adhesión de la Asociación Civil Alfredo Marcenac, una ONG que apoyó y difundió el programa desde su nacimiento, y contó con la presencia de representantes de diferentes cultos religiosos que también promueven el desarme (entre otras organizaciones, Religiones por la Paz y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina).
"Hoy procedemos a la destrucción y fundición de casi 7.000 armas de fuego que provienen del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal", explicó Alak, y agregó que "estas piezas habían sido secuestradas a delincuentes y han sido parte de causas judiciales que ya recibieron sentencia firme".
"Es un paso importante que contribuye a la seguridad de los argentinos, porque cuando hay menos armas disminuye notablemente la frecuencia de los homicidios dolosos", sostuvo el ministro, y precisó que "dos tercios de los homicidios se producen por conflictos entre personas conocidas y no en ocasión de otro delito, como un asalto, por cuanto esos homicidios se evitarían si no hubiese armas a mano, como también muchos suicidios compulsivos, sobre todo en adolescentes, y accidentes de personas que manipulan esas piezas sin la preparación necesaria".
En ese sentido, apuntó que "el objetivo de esta política, que es prioritaria para el Gobierno nacional, es lograr que las armas estén en poder exclusivo del Estado y de sus agentes capacitados para manejarlas, como manda nuestra Constitución".
"Este Plan -resaltó Alak- cuenta con la participación activa de las provincias, porque sin ellas no podría llevarse a cabo, y en ese sentido quiere destacar el compromiso de la provincia de Buenos Aires, que está gestionando muy intensamente el programa en su territorio, además del aporte fundamental de las organizaciones de la comunidad que nos acompañan y nos ayudan a crear conciencia social sobre el riesgo que supone la presencia de un arma en la casa".
En la misma línea, Casal hizo hincapié en que "el arma en poder de los delincuentes atemoriza a la ciudadanía y en poder de la familia puede causar un desastre y una pérdida irreparable, por lo cual creemos que no debe haber armas ni en la vía pública ni en los domicilios". En ese sentido, el funcionario provincial señaló que "la mejor arma que el ciudadano tiene a su alcance es el 911".
EL PROCEDIMIENTO
Por su parte, Meiszner explicó que las 6.896 piezas eliminadas esta mañana "fueron trituradas en un proceso transparente, frente a la comunidad y frente a las organizaciones no gubernamentales que nos acompañan".
"Ese residuo -agregó el titular del RENAR- es fundido en hornos de alta temperatura y el resultante de esa operación es donado, como en cada uno de los operativos que hacemos en el marco de este programa, a la Fundación del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan". Según precisaron autoridades de esa entidad, las ganancias por la venta de ese material se destinan a la compra de todo tipo de insumos hospitalarios, por ejemplo, nebulizadores para chicos en tratamientos ambulatorios.
Las armas destruidas hoy habían sido recibidas por el Registro Nacional de Armas en el marco de la vigencia de la Ley 25.938, que establece la destrucción de armas que estuvieron involucradas en causas judiciales y que son liberadas una vez que el proceso alcanza sentencia firme. El 60% de las piezas proviene de los distintos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Alak expresó su "satisfacción" de asistir hoy a este procedimiento a una semana de haber presentado la segunda etapa del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que estará vigente por dos años y que será puesto en marcha el lunes 28 de este mes en Esteban Echeverría.
Hasta hoy, en cinco actos públicos anteriores habían sido destruidas más de 125.000 armas, 107.000 provenientes de particulares que decidieron deshacerse de ellas alentados por el Plan de Entrega Voluntaria, que prevé retribuciones de hasta 600 pesos a cambio de esos dispositivos, en tanto el resto procedió de distintas jurisdicciones judiciales del país.
Con el procedimiento concretado esta semana, ya son 132.000 las armas sacadas definitivamente de circulación, lo que representa más del 10 por ciento del parque registrado en el país.
Los ministros y funcionarios revisando las armas que fueron destruidas ayer.
El proceso de destrucción de las armas se realizó en la planta de TenarisScrap ubicada junto a Siderca.
Casal y Alak encabezaron el acto donde se realizó la destrucción de las armas.
