Buenos Aires, (Especial para NA por Luis A. Gramuglia)- País extraño el nuestro. El gobierno no vacila en entregar 18 millones de pesos mensuales en concepto de subsidios a los ferrocarriles y al subte para que estas empresas privatizadas afronten los mayores costos laborales y apenas concede 8 millones de pesos para ayudar a los productores afectados por la sequía.
En la provincia de Buenos Aires las pérdidas ocasionadas por el fenómeno en la ganadería y la agricultura ya llegan a los 400 millones de pesos. Faltan computar las que se produjeron en La Pampa y en Córdoba.
Antes de la privatización de los ferrocarriles nos decían que la administración estatal era un desastre y que el Estado debía pagar un millón de pesos diarios para sostener el sistema.
Hoy, la realidad indica que los prestadores privados han sido absolutamente incompetentes para mantener use servicio en condiciones.
Además, ¿porqué todos los argentinos deben contribuir a subsidiar el subte que funciona sólo en el ámbito de la Capital Federal?.
Ahora los funcionarios del área de Economía están evaluando si han de ampliar la ayuda que deberán otorgar a los chacareros en emergencia.
El mismo titular de la Secretaría de Agricultura, Miguel Campos admitió que aquellos 8 millones resultan insuficientes para atender la crisis.
Y verdaderamente, podríamos decir que se trata de una cifra casi ridícula si uno se atiene a la magnitud del desastre que ha producido la sequía, independientemente de las lluvias caídas en los últimos días y que trajeron alivio a las zonas afectadas. La mortandad de ganado es irreversible, por ejemplo.
Siempre ocurre lo mismo en el país de las enormes contradicciones. Se subsidian con sumas nada despreciables a sectores que han exhibido enormes fracasos en el manejo de servicios públicos privatizados, mientras el campo debe atravesar el Purgatorio y el Infierno para conseguir algún dinero fresco y la aplicación de una obsoleta ley de emergencia para atenuar los efectos devastadores del clima, sea inundaciones, granizo o sequía.
¿Culpa de los funcionarios y de los dirigentes del sector? Es posible que haya responsabilidad de ambos para coordinar esfuerzos y lograr resultados prácticos.
Pero también existe una visión sesgada acerca del valor del campo en la economía nacional.
Tal percepción no es nueva; viene de lejos y tiene que ver con lineamientos macroeconómicos que emanan del Palacio de Hacienda que los secretarios de Agricultura aceptan, en algunos casos, con una mansedumbre sorprendente.
Resulta, entonces, inadmisible el tratamiento diferencial que el Estado le dispensa a las empresas de ferrocarriles y al campo.
Aquéllas recurren al Estado cuando les conviene, mientras que el agro aporta a la caja del Estado en concepto de retenciones.
Los fenómenos climáticos se manifiestan con crudeza. Ocasionan destrozos que no son fáciles de superar en términos de recuperación de los suelos.
El Estado, en este caso, debe acudir prestamente a ayudar a los productores que seguramente observan con estupor este tipo de actitudes tan asimétricas que podemos calificar de irritantes.
Insistimos: esos 8 millones de pesos resultan insuficientes para atender esta situación crítica. Hay que inyectar más fondos para ayudar a los productores a superar este obstáculo y comenzar a estudiar nuevas formas para atender la denominada emergencia agropecuaria.
Si entendemos que existe una importante presencia del complejo agroindustrial en las exportaciones argentinas, este solo dato amerita un tratamiento prioritario de las cuestiones que hoy afectan al campo.
No se puede hablar de la importancia del agro sólo como un ejercicio intelectual. Se trata de que el Estado vuelque recursos y ejecute políticas que torne dinámico el respaldo imprescindible para una actividad que realmente aporta al crecimiento de la economía.
