Buenos Aires, (NA)- El Gobierno de Néstor Kirchner comenzó ayer a desplegar una serie de medidas para limitar el accionar de los grupos piqueteros, entre las que se cuentan una denuncia judicial y el anuncio de que no habrá más planes laborales para aquellos que «corten las rutas».
La denuncia fue presentada por los apoderados del Ministerio de Trabajo ante la Justicia federal contra cinco grupos piqueteros que bloquearon la semana pasada los accesos a la sede de la cartera laboral, en tanto que el anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
El jefe de Gabinete ponderó además los beneficios de poner en funcionamiento «una brigada especial» de la Policía Federal para actuar sobre las protestas piqueteras y aseguró que el Gobierno nacional no cuestiona «los reclamos, sino el método» utilizado por las organizaciones de desocupados.
La denuncia judicial ante el fuero federal fue realizada por el apoderado del Ministerio de Trabajo, Esteban Neffa, contra los cinco grupos piqueteros que entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves último bloquearon las puertas del edificio donde funciona la cartera laboral.
Entre los funcionarios que no pudieron abandonar el lugar se encontraba el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien se negó a discutir los reclamos de los desocupados en ese contexto.
En la denuncia -realizada en cumplimiento de una orden impartida por el presidente Néstor Kirchner- se solicitó que se investigue la posible comisión de delitos «de acción pública».
En declaraciones formuladas a Radio Show, el jefe de Gabinete subrayó que «el reclamo es algo legítimo pero no lo es el modo de hacerlo, como encerrar a un ministro de la Nación» y advirtió: «Nadie debe medir el poder del Estado». «Queremos buscar el modo de controlar ese reclamo sin que haya desbordes.
La Argentina conoce los desbordes de ambos lados, los desbordes piqueteros, los desbordes que han generado a veces la reacción estatal», explicó Fernández.
El funcionario indicó que la «brigada especial» trabajará «más para disuadir que para agredir o atacar». «El Presidente cree que ésta puede ser una alternativa: los que van a manifestar sepan que no van a tener que enfrentarse con gente armada y, por lo tanto, buscar canales alternativos para disuadir a la gente», indicó.
Al precisar algunos aspectos de la nueva política oficial para con los desocupados, Fernández subrayó: «No es que no hay más planes; no hay más planes trabajar para quienes se les ocurre cortar una calle, tomar un edificio y tener sometido a una libertad reducida a un grupo de funcionarios».
El jefe de Gabinete sostuvo que «nadie razonablemente puede pensar que eso es un reclamo legítimo, porque ése es un reclamo extorsivo». «No es cierto que no estamos atendiendo los reclamos sociales.
Nosotros nos reunimos con la mayoría de ellos y buscamos encontrar una salida», aseguró el funcionario.
En la mísma línea, Fernández detalló el análisis que realizó el Gobierno nacional sobre la conformación de los distintos grupos de desocupados. «Hay reclamos de todo tipo que tienden básicamente a recuperar un lugar dentro de la sociedad, una sociedad que evidentemente es producto de la crisis económica, que ha dejado a mucha gente sin trabajo y al margen de muchos derechos, pero también hay grupos políticos, que buscan otro tipo de acciones», indicó.
