Buenos Aires, (NA)- El Senado nacional dio media sanción anoche y giró a la Cámara Diputados, que se aprestaba a tratarlo esta noche, el proyecto que resuelve la situación de miles de deudores hipotecarios con créditos en mora, privados y bancarios, con riesgo de perder sus viviendas.
La ley fue aprobada por 33 votos a favor y 14 en contra y tuvo el apoyo del bloque justicialista y los partidos minoritarios, mientras que la UCR se opuso y redactó su propio proyecto.
La iniciativa es una solución parcial al problema de los morosos ya que no suspende los remates hipotecarios en curso y permite que los acreedores puedan subastar la vivienda, en el período intermedio hasta que se reglamente la ley.
La norma contempla una refinanciación a los individios que incurrieron en mora, y se mantuvieron en ese estado, entre el 1 de enero de 2001 y el 11 de setiembre de 2003.
Para ingresar al sistema de salvataje, el crédito solicitado por los deudores hipotecarios a las entidades financieras (bancos) o acreedores privados (escribanías) no podrá superar los 100 mil pesos.
La senadora justicialista Liliana Negre de Alonso, calificó la iniciativa como «la más importante» desde el punto de vista social que envio al Congreso el Gobierno y dijo que la norma «tendrá un alto impacto social».
Negre de Alonso reconoció que la ley «no soluciona el problema de todos los sectores», pero remarcó que los beneficiarios del salvataje son los deudores más castigados del país por tener «la bandera de remate» sobre sus casas.
La norma contempla la creación de un fondo fiduciario que comprará las deudas a los acreedores y luego de brindar un periodo de gracia de un año al deudor (prorrogable en casos excepciones), le empezará a cobrar una cuota que será fija, mensual y consecutiva.
La cuota que pactará el deudor con el fondo no podrá exceder sus ingresos familiares y solo podrán gozar de la refinanciación las personas que hayan pedido un crédito para comprar, construir o ampliar una vivienda única y familiar.
Por su parte, la UCR se opuso al proyecto y presentó un dictamen propio que ampliaba el universo de beneficiarios e incluía a los morosos que hipotecaron sus viviendas para sacar un crédito con fines productivos.
También el radicalismo, en sintonía por lo planteado por las entidades que agrupan a los deudores hipotecarios, propuso eliminar la fecha del 1 de Enero como límite inicial de tiempo de mora y solicitó que el regimen sea opcional para el deudor y para el acreedor.
En el recinto, el radical Raúl Baglini solicitó incluir en la norma a los deudores morosos del Banco Hipotecario y ampliar su alcance a las viviendas de hasta un valor de 250 mil pesos.
A su turno, Carlos Prades (UCR-Santa Cruz) denunció que «el Gobierno le dio 2.800 Millones a los bancos» por la compensación y que ahora «se opone a ampliar el universo de beneficarios» por el costo fiscal que ello implica.
La ley indica que los bancos podrán rechazar el ingreso al sistema de salvataje, ya que no es obligatorio para las entidades financieras aceptar todas las solicitudes de ingreso que presenten los deudores.
En el marco de la emergencia económica, no se reconocerán los pagos de los intereses compensatorios, punitorios, gastos ni honorarios.
El deudor quedará fuera del sistema, y se le podrá ejecutar la vivienda, si no le paga al Fondo Fiduciario tres cuotas consecutivas o cinco alternadas del crédito.
